Desidia e injusticia. Han transcurrido cuatro años y el proceso penal contra los responsables de la represión policial durante la protesta ciudadana contra el peaje de Puente Piedra no ha concluido, no hay avances y las diligencias siguen pendientes de realizarse.

Hasta la fecha se desconoce la identidad de los efectivos que realizaron los disparos sin ningún criterio, que debe primar en un Estado de Derecho. Nadie ha sido investigado, menos sancionado. Que la larga espera de las víctimas que demandan justicia no sea en vano y que las investigaciones del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincia Penal Corporativa de Puente Piedra, que hasta ahora no formaliza denuncia penal contra él o los responsables políticos y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) no queden en la impunidad.

El 5 de enero del 2017, un grupo de personas resultaron heridas con impactos de proyectiles de perdigones en diversas partes del cuerpo, entre ellos, Marco Antonio Ramón Huaroto, fotoperiodista del Diario Perú21, del Grupo El Comercio, quien tuvo cuatro impactos de proyectiles de plomo en manos, cabeza y ojo izquierdo, causándole la pérdida del 70% de su visión. Como se recuerda, Huaroto acudió a Puente Piedra para cubrir los sucesos de la protesta social, mientras realizaba labores de prensa resultó herido por impactos de perdigón, teniendo la lesión más grave en el ojo izquierdo.

Ese mismo día, los efectivos de la PNP hirieron a Erick Ramírez Alvarado, estudiante de Gastronomía, con un proyectil de perdigón en el ojo izquierdo. El padre de familia José Bonifacio Herrera resultó gravemente herido por el impacto de más de 100 perdigones en diversas partes del cuerpo y en el ojo izquierdo. El menor de edad, Luis Ángel, después de ser sometido a una intervención quirúrgica en la pierna izquierda por disparos de arma de fuego, el prometedor proyecto deportivo que tenía fue truncado porque permaneció inmovilizado y enyesado por varios meses. Luego inició un proceso largo de rehabilitación.

A cuatro años de la violencia policial, se desconoce la identidad de quienes ordenaron el operativo de represión contra las personas que, en su legítimo derecho, protestaban contra un peaje impuesto por las autoridades de ese entonces. Asimismo, no se sabe, a qué conclusiones arribó Inspectoría de la PNP y si en su informe consignó la relación de los efectivos policiales que participaron en el operativo, ya que existe un expediente del caso en el Ministerio del Interior. Lejos de aportar con la investigación, se habría alterado información relevante, como la identificación de la serie y número de la placa del tanque, desde donde provenían los disparos de perdigones.

Es preciso resaltar que la defensa legal de Marco Ramón proporcionó a la Fiscalía un grupo de registros fotográficos que logró captar con su cámara fotográfica, antes de que sea destruida y que contribuiría a dar con las identificaciones de los efectivos policiales y el número de la placa de la tanqueta. Sin embargo, al ser contrastado con el expediente de Inspectoría, no fue posible aportar a la investigación porque los datos que se consignaron habrían sido modificados.

A causa de los impactos, Marco Ramón tuvo que ser trasladado de emergencia al exterior para someterse a dos intervenciones quirúrgicas por el riesgo de perder un ojo y la visión. Más adelante se sometió a otras dos cirugías en el país. Lamentablemente, tras cuatro intervenciones, el daño ocasionado por los proyectiles de plomo causaron lesiones de por vida. No perdió el ojo y solo logró recuperar la visión en un 30%.

Hasta hoy, Marco Ramón sigue luchando por salvar su vista. A pesar de que ya fue sometido a otras intervenciones quirúrgicas, no se descarta que tenga que ser intervenido a más cirugías porque, a consecuencia de los traumas, contrajo glaucoma. Además, le espera un largo proceso de rehabilitación, proceso que no sabe de tiempo ni de costo total y mucho menos de cuándo podrá laborar. Por ello, el Estado, a través del Ministerio del Interior, debería asumir todas las gestiones necesarias y urgentes que permitan solventar la cobertura total de su salud como una medida de reparación por ser el responsable de los daños ocasionados.

En el marco de los hechos ocurridos en la protesta contra el peaje de Puente Piedra, las víctimas, organizaciones y colectivos de la sociedad civil están organizando el conversatorio virtual: “A 4 años de Puente Piedra y más de 20 años de crimen de Estado en protestas sociales” para el jueves 7 de enero a las 6:00 p.m., que contará con la participación del Marco Ramón Huaroto y los familiares de las víctimas de la violencia policial del 14 de noviembre, Inti Sotelo y Bryan Pintado. Asimismo, también confirmaron familiares, fotoperiodistas y dirigentes de Virú, quienes participaron de las protestas sociales contra la Ley Agraria. El evento será transmitido por Facebook LIVE de la página de la Coordinadora Contra la Impunidad – CCI.

Finalmente, a todos ellos y a los héroes anónimos, gracias por la gran lección de lucha, de defensa de causas justas, arriesgando sus propias vidas. Que los sucesos en Bagua, Conga, Tía María, Espinar, Puente Piedra, Lima, Ica, La Libertad, entre otros, no queden en el olvido sino que reescriban la historia de las grandes luchas con victorias. Que este sea un día de reafirmación: la protesta social no es un delito, es un derecho. Que sea un día más para levantar nuestra enérgica voz para condenar el uso indiscriminado de perdigones, proyectiles de plomo, represión policial y uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales. Que sea un día para exigir justicia contra los criminales y corruptos, a quienes se les sigue protegiendo con el manto de la impunidad.