Las organizaciones feministas, colectivas, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos expresaron su repudio a los agresores y exigen que se les sancione con las máximas penas establecidas, así como demandan atención integral a las víctimas, y manifiestan su preocupación por la aprobación, desde el Ejecutivo, de la castración química como propuesta legislativa enviada al Congreso para hacer frente.
Estas organizaciones, desde hace más de 40 años han colocado en la agenda pública la problemática de la violencia sexual. Estudios e investigaciones han demostrado que un ataque sexual no es perpetrado por monstruos ni provocado por una libido irrefrenable, a la que hay que contener mediante hormonas, sino por el deseo de ejercer poder y humillar a quien se considera inferior y subordinado.
Ellas reclaman inversión en salud mental, en políticas públicas para transversalizar el enfoque de género y en coordinar esfuerzas con la comunidad no con el fin de castigar sino de prevenir, pues la evidencia internacional demuestra que la castración como castigo ante la violencia sexual tiene muy poco poder disuasivo. Prevenir el maltrato y la humillación cotidiana es una forma de evitar perpetradores y víctimas a futuro.
Así también, demandan atención integral a las víctimas en servicios de salud y de justicia especializada a través de procesos rápidos no victimizantes, publicidad del registro de agresores, presupuesto para implementar la estrategia nacional de prevención de violencia de género y el involucramiento del Minedu, a través de la implementación efectiva de la educación con enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI). Todo ello constituyen obligaciones internacionales que el Estado ha suscrito, así como políticas nacionales vigentes, que se contravienen cuando se prefiere adoptar medidas populistas y oportunistas, aprovechando la indignación ciudadana. Rechazan esta instrumentalización de los derechos de las mujeres y las niñas.
Por último, exigen que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector en materia de violencia de género, se pronuncie y asuma el liderazgo que le corresponde en el cumplimiento de la Ley N° 30364 y del Decreto Legislativo 1368.
En ese marco, exhortan al Ejecutivo a que desista de su propuesta, por carecer de enfoque de género, ser ineficaz, costosa y marcar un retroceso en la comprensión que tiene el Estado del problema, de acuerdo con sus normas y políticas vigentes.
Exhortan también al Legislativo a no aprobar esta propuesta legislativa, exigir rendición de cuentas sobre la implementación de las políticas públicas vigentes y priorizar normas orientadas a la prevención, atención y reparación de las víctimas, así como aquellas que se orienten a luchar contra la impunidad en todas las formas de violencia sexual que afectan a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
