La impunidad continúa contra Arlette Contreras

El 8 de julio se realizó el adelanto de lectura del fallo contra el agresor de Arlette Contreras, Adriano Pozo Arias, y la sentencia ha dejado un sinsabor en la víctima y en todas las personas que la apoyan desde hace cuatro años, cuando empezó su calvario en un sistema judicial que le da continuamente la espalda a las sobrevivientes de violencia.

El Juzgado Penal Permanente de la Corte de Lima Norte condenó a Pozo a solo 11 años de prisión efectiva, a pesar de que el Ministerio Público había pedido para él 14 años, además lo absolvió del delito de tentativa de violación sexual, en donde se pedían cinco años de cárcel, y le ordenó una reparación civil de 20 mil soles, cantidad irrisoria y que demuestra el desprecio del sistema judicial hacia las mujeres.

El juzgado presidido por Alcides Ramírez, e integrado por Graciela Fernández y Edgardo Asenjo, esgrimieron una serie de argumentos cargados de estereotipos sobre las víctimas de violencia sexual, como que por el hecho de ser abogada, Arlette debió haber sabido cómo denunciar ese tipo de delitos, sin considerar el shock que vive una mujer al vivir un intento de violación y posterior intento de feminicidio, las dificultades para reconocer la violencia a tiempo, y lo que dura procesar y poder realizar una denuncia, sobre todo de violencia sexual, por ser estigmatizante, dolorosa y humillante, frente a gente que la va a cuestionar continuamente, como hemos visto ayer.

Así también, desconocieron la conexión lógica entre el intento de violación y posterior intento de feminicidio de Adriano Pozo contra Arlette Contreras, a pesar de la abundancia de pruebas, como por ejemplo, que esté desnudo, persiguiéndola por los pasillos de un hotel, arrastrándola para llevarla a la habitación, y que las prendas interiores de vestir de ella hayan sido dañadas. Nada de eso configuró para los magistrados un intento de violación, tal vez esperaban que se realizara la violación para procesarla como “intento”, porque sino no se entiende la absolución de Pozo sobre este delito. No se entiende tampoco cómo usaron de testigos al cuartelero y el administrador del hotel, si ambos no estuvieron en la habitación cuando se realizaron los hechos. ¿Cómo podrían ser testigos de algo que no han visto, evidentemente?

Además, los magistrados le rebajaron dos años de condena a Pozo por encontrarse en estado etílico, cuando estar en ese estado ya no es un atenuante, sino un agravante. ¿En dónde se han graduado estos señores que toman decisiones tan equivocadas y justificadoras de la violencia machista? Ahora cualquier borracho podrá sentirse más tranquilo luego de golpear, violar o intentar matar a una mujer.

La indolencia del Colegiado quedó demostrada cuando señalaron que no se había dañado el proyecto de vida de Arlette Contreras, pues esta continuaba siendo abogada, solo advirtió una afectación en su autoestima, su ánimo, su dignidad y su salud.

Arlette lleva cuatro años imbuida en un proceso legal anímico y económicamente desgastante, profundamente revictimizante, en donde la han golpeado emocionalmente luego de los hechos de violencia física y sexual que vivió. En Ayacucho se desató contra ella la furia de la prensa cómplice de su agresor, con una campaña mediática dispuesta a difamarla día tras día, mientras los magistrados que vieron su caso dos veces, y en dos instancias superiores, se coludían con la defensa de Pozo para absolverlo de todos los cargos una y otra vez, e incluso para incriminar a Arlette con denuncias falsas.

No solo se ha tenido que mudar, dejando sus proyectos en Ayacucho y toda su vida atrás, también ha vivido casuales “accidentes”, le han robado sus celulares, la han atropellado, la amenazan continuamente a través de innumerables llamadas, por lo que tiene que cambiar de número continuamente, le han creado páginas falsas en redes sociales donde hacen pública su vida privada, la han sembrado con amigos falsos, la han grabado a escondidas, le han tirado un gato muerto en la puerta de su casa, ha tenido que dejar sus estudios muchas veces para acudir a Ayacucho y a Los Olivos a las decenas de audiencias de uno, dos, tres juicios, ha expuesto su rostro y sus lágrimas frente a todo el mundo señalándose como víctima y sobreviviente, por ansias de justicia, y esa exposición también le ha costado su tranquilidad, contar una historia de violencia cientos de veces no ayuda a sanar, pero a eso la han obligado estos años de proceso judicial negligente y misógino, y cuando en este último proceso se negó a seguir yendo porque ya tenían todos sus testimonios, y lo que estaban cometiendo con ella era violencia institucional, la amenazaron con llevarla a la fuerza, a rastras, con policías. ¿Cómo no va a afectar todo esto su proyecto de vida?

Pero no solo la han revictimizado a ella, también intentan castigar a su abogada, Cynthia Silva, quien la ha defendido con pundonor, sin agachar la cabeza, con firmeza, haciéndoles ver a los magistrados todos sus estereotipos, sus prejuicios, su falta de enfoque de género y empatía con las víctimas, lo que le ha costado una sanción por, según ellos, “insultar la majestad de la Sala”. Una “majestad” que quiere ver a las mujeres sumisas y llorando para hacerles caso, como si hacer justicia fuera un favor, o que pretende que le soben la espalda y les digan “doctorcitos” y halagos para que empiecen a hacer su trabajo correctamente. Estos magistrados no saben cómo reaccionar frente a mujeres que no se doblegan y que buscan justicia con las armas de la ley y las atacan, las sancionan, las persiguen, las hostigan y luego dan sentencias que se convierten en vergüenza nacional e internacional.

Pero no solo han afectado a dos mujeres, han afectado a las miles que viven violencia y no se atreven a denunciar, les han dicho que el Poder Judicial no les va a hacer justicia, no les va a creer pese a la abundancia de pruebas y en el camino las va a humillar, las va a desgastar, las va a despellejar. Y ese mensaje es lo más nefasto de todo, porque impide que las mujeres confíen, que denuncien ante el sistema de justicia y que le logren arrancar esa dignidad que busca ser aplastada.

Lo que está diciéndole el Poder Judicial a las mujeres es que no van a conseguir justicia por más que luchen y en este desistimiento se encuentra la impunidad que mañana aumentará una cifra, un cuerpo, un nombre, una vida de una mujer a la que el Estado nuevamente le dio la espalda.