Lima, 17  de marzo de 2026. Más de 50 organizaciones sociales de base, provenientes de la costa, sierra  y selva, se han unido en una serie de  jornadas de diálogo a nivel regional y culminando en un Encuentro Nacional en Lima: Por un Nuevo Pacto Social rumbo a las elecciones 2026, en respuesta a la grave crisis política que atraviesa el país. Durante este encuentro, se concluyó que ni la Constitución, ni el Congreso, ni el Ejecutivo los representan. Por este motivo, están trabajando en la elaboración de una propuesta para una nueva Constitución, construida desde las bases sociales, que contemple un modelo económico mixto, donde el Estado desempeñe un papel activo en la garantía de los derechos sociales y en la implementación de políticas efectivas para combatir la pobreza.

La falta de representatividad —90% de los peruanos desaprueba el Congreso— y la percepción de que las instituciones actuales no reflejan las  urgentes necesidades y demandas del pueblo han impulsado este movimiento hacia un cambio estructural. Las organizaciones enfatizan la necesidad de un proceso participativo y democrático en la redacción de la nueva carta magna, que reconozca la diversidad cultural. Se busca que las organizaciones de base, junto con un amplio movimiento ciudadano, participen activamente en la toma de decisiones. Es importante señalar que la Constitución de 1993 ha sido modificada en un 60%, de los cuales 63 artículos (40% del total) han sido alterados por el actual Congreso.

Sandro Vásquez, de las Rondas Campesinas de la provincia de Hualgayoc, Cajamarca, señala que la actual Constitución sólo representa a pequeños grupos de intereses económicos que dominan el país: “Los recursos estratégicos deben estar controlados por el Estado para beneficiar a las grandes mayorías y no solo a los empresarios que viven a costa de nuestros recursos, destruyendo nuestras cabeceras de cuencas y afectando el derecho al agua”.

Fausto Torres, dirigente de la FERCCAPA (Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de Apurímac), sostiene: “Nuestro compromiso desde la Confederación Campesina del país es construir un Estado plurinacional, democrático y participativo. En la economía, hemos visto que debe ser mixta, social y solidaria, inclusiva, que garantice empleos dignos y remuneraciones justas, buscando un desarrollo más equitativo. Estamos trabajando para construir un poder constituyente que sirva a las mayorías de los pobres del Perú”.

La representación amazónica estuvo a cargo de Sandy Guerra, Secretaria de la Mujer de la Comunidad Étnica de los Pueblos Quichuas Amazónicos de San Martín, quien afirmó que los pueblos indígenas amazónicos han sido constantemente vulnerados en sus derechos. “Enfrentamos un considerable distanciamiento con el gobierno; por esta razón, estamos aquí para establecer las bases de un nuevo pacto social que nos permita construir un poder soberano mayoritario y homogéneo”.

Las demandas de las comunidades desde los territorios, mediante representaciones legítimas, buscan corregir una exclusión histórica en la redacción de la nueva Constitución. “La redacción de la mayoría de las constituciones ha estado en manos de sectores elitistas y poderes políticos y económicos, una práctica que no debe repetirse. El nuevo pacto social debe construirse desde las bases, desde las comunidades; este proceso se está gestando y hoy ha tomado un nuevo impulso, porque es un clamor popular”, afirma José Carlos Gutiérrez Sancho, Apu Malllku del Consejo de Autoridades Originarias de Puno.

Se propone un modelo económico mixto enfocado en el bien común, asegurando la soberanía y la gestión sostenible de los recursos naturales, asegurando la inversión pública en los sectores estratégicos. “La crisis energética actual, carente de soberanía, exige un cambio. El Perú demanda crecimiento, pero no a costo de destruir nuestros ecosistemas o las fuentes de agua. Es necesario un desarrollo sostenible y justo, donde las comunidades marginadas y cuyos territorios han sido afectados encuentren justicia, inclusión y reparación de los territorios afectados, sin lo cual no hay un verdadero desarrollo nacional”, agrega Gutiérrez.

Entre los principales planteamientos se incluye la construcción de un Estado descentralizado y plurinacional, el reconocimiento de territorios comunales, el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y la transición hacia un modelo económico mixto con mayor participación del Estado.

El documento también propone incorporar un enfoque egocéntrico que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos dentro del marco constitucional, además de promover la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible.

El encuentro reunió a más de 50 representantes de organizaciones provenientes de regiones como Cajamarca, Apurímac, Cusco, Puno, Áncash, Ayacucho, Callao y Lima.