• En Encuentro de Asociaciones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Lima.

Entre el 23 y 25 de abril de 2026 se realizó en Lima el Encuentro de asociaciones de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas del régimen fujimorista. Participaron 25 mujeres de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Lima, integrantes de la plataforma Somos 2074 y muchas más.

El encuentro ocurre en un momento político crítico:  el pase del fujimorismo a la segunda vuelta electoral y la reelección del exministro de Salud, Alejandro Aguinaga, como senador  representa, para las víctimas, una amenaza directa a sus derechos a la verdad, justicia y reparaciones integrales, postergados durante décadas.

Y es que hay dos sentencias que el Estado no cumple: la del Quinto Juzgado Constitucional de Lima y la de la Corte Interamericana en el caso Celia Ramos vs. Perú, notificada el 5 de marzo de 2026. Ambas ordenan reparaciones integrales para las víctimas, incluidas las fallecidas. Por eso exigen que el juez constitucional interponga una denuncia penal contra las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y quienes resulten responsables del incumplimiento.

Las asociaciones de víctimas también exigen mayores recursos para que el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Fiscalía a cargo de la investigación fiscal preliminar en curso puedan cumplir con su labor diligentemente

“Estamos buscando justicia. Lo que vemos es que la justicia no es para las víctimas de la violencia política ni para las mujeres que hemos sido esterilizadas forzadamente. El Poder Judicial ordenó reparaciones integrales y queremos que se cumpla, asimismo la fiscalía tiene que investigar y ahora de nuevo van a tomar declaraciones. Muchas mujeres no tienen internet y eso deben tomar en cuenta. No queremos esperar 20 o 30 años para que se nos haga justicia”, dijo Inés Condori, coordinadora de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, Cusco.

El REVIESFO, dependiente del Ministerio de Justicia, también falla. Sergia Fernández, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Angaraes, Huancavelica, alertó:

«Hay preocupación de muchas mujeres que no se han registrado aún como afectadas de esterilizaciones forzadas y piden ser empadronadas y no se les da respuesta.»

La sentencia Celia Ramos ordena expresamente registrar a todas las víctimas, incluidas las fallecidas, y que se cumpla con la sentencia que ordena al Estado peruabi adoptar una política nacional de reparaciones integrales. A su turno, Margarita Rojas Qehue, de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas Cusco, indicó:

“Si no hay justicia, nos vamos a levantar las miles de mujeres esterilizadas para ser escuchadas. La justicia no puede ser solo para los adinerados. Hemos sido marginadas por nuestros propios hijos todo el tiempo mal de salud, los hombres cuando ya no tienes hijos te consideran inservible. Nadie nos ve cuando ya estamos solas”.

Margarita pone en palabras lo que miles de mujeres siguen viviendo: que el Estado les impidió ser madres en una sociedad que aún las juzga por ello. Maribel Meza, presidenta de la Asociación de Vilcashuamán, Ayacucho, exige además que las reparaciones alcancen a las familias de quienes ya fallecieron:

«Nuestro reclamo es lo justo. Lo que le ha pasado en nuestro cuerpo, que ya sentimos que no servimos para nada. Porque somos excluidas por ser mujeres indígenas. Pero sepan que ya no tenemos vergüenza y ahora somos capaces de luchar».

Cabe recordar que el 4 de abril del 2025, representantes de las Asociaciones y Cynthia Silva interpusieron una denuncia penal contra las autoridades y funcionarios de turno del MINJUSDH por no cumplir con la sentencia. Ha pasado mas de un año para que se tomen declaraciones a las denunciantes. Definitivamente, la justicia penal discrimina entre denunciantes y delitos ya que no vemos la misma celeridad con la que se ha actuado contra ONPE declaró la abogada María Ysabel Cedano de Demus. 

En tanto, la abogada Cynthia Silva, explicó: «El incumplimiento de una sentencia firme de reparaciones integrales es un acto más de violencia institucional inaceptable. Las autoridades responsables deben ser investigadas por desobediencia a la autoridad, omisión de funciones y abuso de poder. Negarse a cumplir lo que una sentencia como esta ordena es discriminación, y en este caso profundiza las violencia que ya sufrieron estas mujeres cuando el Estado intervino sus cuerpos sin su consentimiento a través de las esterilizaciones forzadas. Décadas de lucha merecen justicia, no impunidad.»