Mano Alzada
Opinión

Análisis: Cuando los empresarios se disfrazan de derechohumanistas

Hoy salió publicada una entrevista en Perú 21 a Diego La Torre, presidente de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el Perú, en donde nos demuestra que la agenda empresarial neoliberal no ha cambiado nada, a pesar de haberse insertado en organismos internacionales de derechos humanos. 

Así, la primera afirmación de La Torre es sobre dos ministerios que dan apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad a través de programas sociales vitales para la sobrevivencia de estas poblaciones: el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Lo que sostiene La Torre es que estos ministerios deberían “unificarse”, lo que “permitiría una mejor planificación” y luego su “desaparición”. El desmantelamiento de los programas sociales es una larga agenda que sostienen los representantes de las grandes empresas y los políticos con altos intereses económicos, como estamos viendo en Argentina, en donde el gobierno de Macri no solo ha acabado con los programas sociales que disminuían las brechas de desigualdad entre argentinos, sino que también ha acabado con los propios ministerios convirtiéndolos en simples oficinas. 

La lucha de las organizaciones feministas por tener un ministerio que permita resolver y erradicar por fin la violencia contra las mujeres siempre fue irrelevante para los intereses del mercado y sus representantes. 

La segunda propuesta del representante de los empresarios en la ONU es la de que las capacitaciones también sean deducibles de impuestos, es decir, gastar menos para capacitar a su personal para que les hagan ganar más. ¿Se entiende?

La Torre también lamenta que hasta ahora no ingresemos al OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, según él, porque hemos estado siete años en una mediocridad tranquila. Es decir, la estabilidad económica, el crecimiento en recesión y la inflación baja han sido perjudiciales para que el Perú avance, y lo que se necesita es capitalismo salvaje, o, en palabras del empresario, “al no haber apostado con agresividad por un modelo de libre mercado”.

Su tercera propuesta es que el Estado disminuya la regulación laboral y empresarial, es decir, que las y los trabajadores queden a merced de los intereses económicos de las empresas y que el Estado no se meta. Esto, evidentemente, genera terribles consecuencias en la calidad de vida de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, de los que están a punto de jubilarse y de las mujeres. Pero eso es algo que a los capitalistas no suele importarle.

Y pone como ejemplo la detención de proyectos mineros, sin mencionar que eran proyectos que contaminaban el medio ambiente y que no generaban ningún bien a la población, quienes siguen siendo igual de pobres, pero ahora contaminados y enfermos. 

Por último, La Torre también se pronuncia sobre la corrupción judicial. Para él, el verdadero problema es la impunidad, pero le pide al gobierno que no se distraiga en disputas de corte político, que hay cosas más importantes que la podredumbre del sistema de justicia, como luchar contra la informalidad (¿?). Y pide buscar consensos (¿con los corruptos y los que los defienden?).

Si quiere leer completo este alegato a favor de los intereses empresariales, entre aquí: “El MIMP y el MIDIS deberían fusionarse”.

El dato

La Red del Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria de parte de los empresarios, quienes se suman a los compromisos de la ONU para implementar principios de sostenibilidad en las empresas y fortalecer los objetivos del milenio. Este pacto incluye tres áreas de consenso: los derechos humanos, las condiciones de trabajo y el medio ambiente. Se fundó en el 2000, y en Perú pertenecen empresas como Backus, Entel Perú, Prima AFP, Hochschild Mining, Cálidda, Rimac, etc. 

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