Han sido muchos los sucesos que en los últimos años nos hacen plantear la necesidad de abordar un debate serio sobre el empleo juvenil. Desde el 2014 con la Ley Pulpín en el gobierno de Ollanta Humala, en donde miles de jóvenes salieron a protestar en cinco marchas multitudinarias logrando tumbarse esta ley. Luego, el año pasado, con la muerte de un joven trabajador encerrado en un conteiner en medio de un incendio ocurrido en Las Malvinas (Lima). Agitando un tubo y un polo verde, pedía auxilio, ante la mirada estupefacta de miles de personas que no podían hacer nada ante las llamas que devoraban el lugar. Y este año, el debate sobre la Ley del Esclavo Juvenil propuesto por Rosa Bartra de la bancada de Fuerza Popular. Estos son sucesos que, como tragedia o como comedia, ponen en coyuntura un tema importante y postergado en nuestro país: el empleo juvenil.
A partir de lo sucedido podemos asumir ciertas certezas: la primera es que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo saben qué hacer con este tema. La segunda es que existe una suerte de lobby empresarial en nuestro país que busca mano de obra barata (o gratuita), es decir, busca maximizar los privilegios del empresariado en detrimento de los trabajadores. Y la tercera certeza es que algunos de nuestros políticos son excelentes aliados para negociar con nuestros derechos fundamentales.
La situación del empleo en nuestro país no es de las mejores: el Perú tiene una de las remuneraciones más bajas de América Latina y además es considerado, junto a Colombia, como uno de “los peores países para los trabajadores”, puesto que el 50.1% de los trabajadores peruanos no alcanzan la remuneración mínima vital según el estudio “Trabajo decente en Latinoamérica” de la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales (RedLat). Y la situación se agrava si hablamos específicamente del empleo juvenil, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la tasa de desempleo juvenil fue tres veces más que la de los adultos en los últimos años. El 78% de los jóvenes de 18 a 29 años trabajan en el sector informal. Además, según el Diario El Peruano, 8 de cada 10 jóvenes trabajan, como se dice comúnmente, en negro, sin derechos laborales, ni CTS, ni gratificaciones, ni vacaciones.
Ante esta situación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un llamado a priorizar en las políticas nacionales la inversión en mecanismos de capacitación y aprendizaje para crear empleos decentes para los jóvenes.
PROPUESTAS LEGISLATIVAS ALTERNATIVAS
Son conocidas aquellas propuestas legislativas que fueron noticia y no precisamente por sus bondades. Propuestas legislativas nefastas que recortaban derechos laborales de los jóvenes y que no representan, en lo absoluto, un avance en este tema. Sin embargo, existen propuestas legislativas alternativas que de alguna u otra manera podrían aportar al debate sobre el empleo juvenil.
Proyecto N° 410/2016-CR, presentado por Indira Huilca “Ley de Primer Empleo Digno y Productivo”
El objetivo es establecer un marco normativo para generar empleo digno en la población menor de 25 años. Acceso a formación de calidad, empleo con derechos laborales y protección social. Además hace mención a las poblaciones vulnerables (madres adolescentes, poblaciones indígenas, comunidad LGTB).
Propone tres modalidades para el Primer Empleo:
1. Aprendizaje con predominio en empresa.
2. Aprendizaje en Centro de Formación.
3. Prácticas preprofesionales y técnico-productivas (a propósito de la nefasta Ley Bartra).
Reconoce obligaciones como fiscalización del cumplimiento de contratos, ofrece incentivos para los empleadores y capacitación. Cabe resaltar que dicho proyecto de ley fue presentado por la congresista ante la Organización Internacional de Trabajo.
Proyecto N° 1157/2016-CR, presentado por Yhony Lescano
Su objeto es otorgar incentivos para que las empresas contraten a los jóvenes entre 18 y 29 años en empleos dignos, de calidad y con derechos laborales. Propone incentivos tributarios para las empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas que contraten con jóvenes. Además, propone incentivos para la capacitación de sus trabajadores, la cual será anual y necesariamente debe darse por entidades externas acreditadas.
Proyecto N° 01104/2016-PE, presentado por el Poder Ejecutivo
Su objetivo es fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal a través de otorgamiento de créditos a favor del empleador respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud. Rige para trabajadores entre los 18 y 29 años de edad. A pesar de considerar inoportuno subsidiar el aporte a la seguridad social en salud, creemos que esta propuesta es relevante en tanto el ministro de Trabajo ha anunciado que desde el Ejecutivo se buscará consensuar una propuesta sobre esta materia, y creemos que este PL será un insumo para ello.
La tarea de un político no es seguir precarizando a los trabajadores ni mucho menos “legalizar” situaciones que recortan derechos laborales. La tarea de los políticos es pensar en soluciones integrales al tema y no en parches temporales y perjudiciales. No debemos conformarnos con leyes discriminatorias. Hoy por hoy, se hace necesario abrir el más amplio debate en torno al empleo juvenil desde los diversos sectores: sociales, políticos, estudiantiles. Es necesario y urgente.