Por: Harry Echegaray Elmore
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ya venía enfrentando una fuerte oposición política que ha llevado a muchos analistas a pronosticar su inminente caída, viene atravesando otra crisis generada por décadas de olvido estatal de la pequeña agricultura en el Perú. Ciertamente, las protestas por el bajo precio de la papa de los pequeños productores agrarios de Tarma (Junín), Ambo (Huánuco), Tayacaja y Churcampa (Huancavelica), que se han expresado a través de cierre de carreteras, daños en infraestructuras públicas y privadas, masivas movilizaciones en los centros urbanos y –hasta el momento– dos muertos, siguen sin resolverse, pese a que el ministro de Agricultura, José Arista, salió esta semana a anunciar con bombos y platillos el fin de las movilizaciones, por medio de acuerdos que se pueden resumir en una “cesión total”. Una capitulación que solo se explica en la necesidad de sobrevivir del gobierno de Kuczynski. Pese a esto, las protestas tienen para rato. De hecho, en el momento en que se escriben estas líneas, delegados de productores de Huánuco y Andahuaylas que no participaron en las primeras negociaciones, vienen reuniéndose con funcionarios de Minagri. Todos quieren su parte del gran bonetón que se ha convertido el Estado en aras de su permanencia.
Más allá de las serias dudas respecto a la eficacia de la solución encontrada por Agricultura –creemos que la compra de la sobreproducción de papa podría calmar las protestas, pero solo a corto plazo y a un gran costo social–, persisten graves problemas institucionales relacionados a la elaboración de estadísticas confiables de producción de la papa y a la coordinación de su difusión directamente a los pequeños productores, a través de las direcciones regionales agrarias, de modo de evitar la sobreproducción.
La actual crisis es prueba de que o no se están haciendo bien las cosas o simplemente no se hacen en absoluto. Y desde hace ya varios gobiernos. Pero no se trata simplemente de un problema de falta de información. Se trata de un tema más amplio y complejo que implica, a gran escala, el proceso de descentralización en sí: competencias y presupuesto para los gobiernos regionales para fortalecer las direcciones agrarias, liderazgo desde el Gobierno para coordinar acciones interinstitucionales, y políticas públicas de promoción de la asociatividad del pequeño productor agrario. Si a esto añadimos la falta de orientación en acceso al crédito, técnicas eficientes de cultivo y, como mencionamos, información del mercado, lo que tenemos es una bola de nieve de persistencia de la pobreza extrema rural y conflicto social que se seguirá incubando. Hay que decir que la complejidad del problema tendría que abordarse con miras al largo plazo, cosa que este gobierno parece que ya es incapaz de hacer. Tan imbuido está en la tarea de sobrevivir el día a día. No obstante, dada la importancia que los acuerdos de Agricultura incorporen soluciones a largo plazo, ¿no sería acaso lo mejor que el señor Kuczynski dé ya un paso al costado?