Según una reciente encuesta, el 47% de la ciudadanía está de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Asimismo, casi la mitad (49%) considera que deben hacerse algunos cambios a la actual Constitución, mientras que un tercio (31%), que debe cambiarse toda.
En la práctica, una Asamblea Constituyente responderá favorablemente a ambas posiciones, pues habrá normas que se mantendrán junto con las nuevas a incorporar..
¿Qué podría quedar? Mucho de lo actualmente establecido como derechos fundamentales. Y la mayoría de los organismos constitucionales autónomos: el Banco Central de Reserva del Perú, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, principalmente. Asimismo, los gobiernos regionales y municipales.
¿Qué debe cambiar? Debería corregirse lo que no funciona o funciona mal en todas esas entidades. Pero antes, su razón de ser, la concretización de los derechos fundamentales deberán ser acompañados de sus mecanismos de garantía, que en países desarrollados ya están implícitos; pero en el nuestro necesitan ser explicitados para asegurar las acciones concretas que los realizan. Por ejemplo, la obligación de prestaciones gratuitas de salud, incluyendo la provisión de medicamentos indispensables para pacientes. Para cortar para siempre con el escándalo de personas muriendo por falta de oxígeno o medicinas. Evidentemente, bajo responsabilidad de quienes tengan el poder de suministrarlos. Igualmente, la educación para la protección de la niñez tendría que estar constitucionalizada, para librar a nuestros niños y niñas de los depredadores sexuales y sus eventuales representantes congresales.
¿Cómo elegir mejor? Deberán cambiarse las formas de elección y remoción de los altos funcionarios, mejorando los mecanismos democráticos y por ende, de participación ciudadana en todos ellos. Para escoger presidente de la Repùblica, congresistas, alcaldes/as, gobernadores regionales, consejeros y regidores, debe establecerse un principio de igualdad material en la competencia electoral y así cortar de raíz con la ventaja de los grandes financiamientos. Para otros altos funcionarios debe establecerse garantías de un escrupuloso escrutinio público. Y evaluarse la pertinencia de un Senado (a su vez elegido bajo principios de igualdad en la competencia electoral) dedicado a la selección de los titulares de organismos autónomos que no provengan de la elección popular. Para todos podría recortarse el período a 4 años, admitiendo una reelección. Y con elección por mitades en los órganos colegiados, comenzando por el Congreso. De esta forma, los entrampamientos entre el Ejecutivo y el Congreso se resolverían en las urnas cada dos años.
¿Cómo controlarlos mejor? Todos los servidores surgidos de elecciones populares, así como los demás altos funcionarios deberían tener la posibilidad de ser enjuiciados por graves infracciones a la Constitución, vía una acusación constitucional de una cámara congresal hacia otro órgano, que podría ser un Senado, a cargo del juicio político. De esta manera, se le daría a las infracciones constitucionales una ruta distinta de los procesos penales, que tienen otra lógica y otros plazos. Así se desjudicializaría la política, aunque manteniendo garantías del debido proceso en los juicios políticos.
Las continuas votaciones en contra de la ciudadanía de las fuerzas políticas conservadoras en el Congreso, así como la falta de disposición del Ejecutivo para cumplir las promesas del plan “Bicentenario sin corrupción” nos llevan a la salida constituyente como la mejor forma de encaminar el desarrollo de nuestro país. Los contenidos de la Constitución del Bicentenario habrán de irse discutiendo en un amplio proceso constituyente, en el que todos y todas podemos y debemos participar, sin miedos y con la alegría de abrir nuevos caminos para un nuevo Perú.