Escribe: Rafael Salgado

Felizmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Perú no excarcelar a Alberto Fujimori. Me alegra porque su indulto no tiene ningún fundamento legal, no cumple con ninguno de los requisitos necesarios. Yo estaría de acuerdo en un indulto si ese fuera el caso, no considero humanitario que alguien muera en prisión. Más aun conociendo personas cercanas que aun teniendo enfermedades terminales, como Jaime Ramírez Pedraza, murieron en la cárcel. Eso es inaceptable.

Esa forma de reaccionar, de hacer “justicia”, hace parte también del legado que nos dejó el fujimorismo. Esa dificultad que tenemos como sociedad para mirar al pasado reciente y aprender lecciones para el presente. Es su legado porque así impide que los crímenes y el terrorismo de Estado cometidos sean realmente condenados y juzgados.

También lo es porque aún muchas personas, en ese heterogéneo grupo que es el antifujimorismo, no se indigna ni se inmuta por las violaciones a los derechos humanos de senderistas y emerretistas. Los casos saltan por doquier: el intento de desaparecer a los emerretistas hace 20 años luego de la retoma de la residencia del embajador de Japón; el caso del supuesto mausoleo de senderistas hace ya unos años. Menos aún por el hecho que aun haya presos civiles en cárceles militares, como la Base Naval del Callao, o que aun ahora se meta a la cárcel a la gente por pensar diferente, como en los casos de la Coordinadora Continental Bolivariana (2008), el caso Perseo o el caso Olimpo (2020). Nada de eso se discute públicamente. Solo silencio cómplice.

El legado fujimorista también es esta crisis política y económica, 30 años de neoliberalismo han llevado a miles de personas a tener lo mínimo para subsistir y a veces, muchas, ni eso. Es por eso tan importante la lucha por una nueva Constitución, que termine con el legado de la Constitución del 93, que privilegia a los que más tienen y destruye a su paso nuestros pueblos y territorios.

Que Fujimori pague con cárcel todo el mal que le hizo al Perú está bien es lo justo. Pero es también muy necesario acabar con su legado, un legado concreto de corrupción y enriquecimiento ilícito que sus hijos llevan adelante hasta ahora.

Las víctimas del terrorismo de Estado llevamos años luchando contra la impunidad y por justicia. Algunas de ellas han logrado incluso estar ante la CIDH para impedir el indulto a Fujimori. En tanto víctima del gobierno de Fujimori, me siento contenido en las palabras de Gisela Ortiz: “Los familiares no podemos cargar con el peso de pensar que somos nosotros los que debemos velar por la justicia”. Esa es una tarea de toda la sociedad.

Dando un paso más, es una tarea de todxs lograr una sociedad donde los derechos humanos sean universales. No lograremos nada si las únicas vías para lograr “justicia” son carcelerías inhumanas, cadenas perpetuas, muerte en prisión y luego el desecho de sus cuerpos violando el derecho de sus familiares en el presente. No se puede reparar las atrocidades perpetradas durante la guerra interna con actos que a su vez nos deshumanizan como sociedad.