Nuestros sentimientos y emociones de indignación, y hasta asco, con los audios que salen a la luz nos embargan día a día a todas y todos los peruanos, pues estos no hacen más que reafirmar eso que ya sabíamos: que el Poder Judicial y todo el aparato de justicia peruana está infectado de corrupción, la que difícilmente podremos erradicar de no asumir el compromiso de realizar un trabajo conjunto que así lo permita.
Dentro de toda esta problemática, hay un aspecto importante que es parte de la causa del por qué hemos permitido convivir con tanta podredumbre moral en la instancia fundamental para que nuestros derechos sean de real disfrute de cada peruano y peruana, -porque el Poder Judicial cumple, en teoría, un rol sumamente importante para reafirmar el Estado democrático de derecho en el cual vivimos-, y es que solo los pobres acuden a esta instancia para resolver sus problemas.
Sucede que en nuestro caótico y moralmente pobre país, el Poder Judicial es el espacio en donde se “administra la justicia” de aquellos que tienen contingencias que involucran “lo que no importa mucho”, pues por lo general se refieren a aspectos más esenciales a los seres humanos. Aquellos que tenemos claro al Estado y a un sector de la sociedad, fundado en el materialismo y la superficialidad, les importa una nada, como por ejemplo, los aspectos que comprenden los denominados derechos irrenunciables, como los derechos laborales que menos de la mitad de la Población Económicamente Activa conoce; mientras que los asuntos “realmente importantes”, que involucran al tan ansiado dinero, tienen su propio espacio de acción de justicia. Sí, así es, y lo detallo a continuación.
Ocurre que los problemas existentes en los aspectos “realmente relevantes” de un sistema social en donde la economía es, al parecer, lo único que verdaderamente importa, se resuelven con ligereza, celeridad y alta eficiencia, pues para los ricos sí existen esas condiciones de justicia que para la gente de a pie les resulta imposible acceder. Ellos tienen su propio mecanismo de resolver sus controversias dado que, en su mayoría, acuden al mecanismo alternativo de solución de conflictos que es EL ARBITRAJE.
Los intereses en disputa de las grandes empresas ni se asoman al Poder Judicial, todos los contratos son sumamente claros con pactar ello, con lo cual, aquellos aspectos de alto impacto que guardan correspondencia con lo único que les interesa a quienes creen que el desarrollo de una sociedad se funda únicamente en lo económico, tienen un espacio privado que, aunque es costoso, pone a su alcance la justicia que requieren en el momento que lo deseen.
Bajo ese contexto, quienes detentan el poder en el Perú, que son los mismos que tienen ese poder de acción para cambiar las cosas, no tienen incentivo alguno para promover de manera incisiva una real reforma del sistema de administración de justicia, pues no les importa en absoluto, en tanto, al vivir bajo un modelo constitucional y un sistema jurídico que crea mecanismos alternativos, que hacen que la solución a las controversias sean beneficios accesibles únicamente de quienes pueden costearlo, no existirá interés por mejorar las paupérrimas salas judiciales.
En el Perú, el ejercicio de los derechos se correlaciona con la capacidad económica de costearlos, pues todo aquello que es promovido desde las instancias estatales es deficiente o simplemente está ausente, y lamentablemente, en lugar de fortalecer que el Estado cumpla con esa función garante de que todos y todas accedan sin discriminación alguna al disfrute de sus derechos, se crean parches, y muy malos por cierto, que permiten la existencia de mecanismos paralelos para satisfacer esas necesidades esenciales, pero que no abarcan a toda la población.
Ser pobre en el Perú es sumamente triste, porque salvo el caso de Joaquín Ramírez, “el milagroso emprendedor del siglo”, los esfuerzos personales no son suficientes para alcanzar una vida de calidad y acceder, sobre todo, al goce de derechos que son inherentes a todos por el simple hecho de existir.
En nuestro país, los derechos son tratados como servicios, con lo cual la educación de calidad es un beneficio al cual acceden pocas personas, lo mismo sucede con la salud, que aún sigue siendo un privilegio de algunos individuos, al igual que la seguridad o incluso la propia vida de nosotras las mujeres, que ante una falta de lucha contra la violencia machista se convierte en una suerte de ruleta rusa en la que no hacemos otra cosa más que sobrevivir, y así muchos otros aspectos más que experimentamos cotidianamente.
Sin embargo, ello no nos ha llevado a reflexionar el por qué de la deficiente administración de justicia, y es que es importante reflexionar que solo los pobres sufrimos esas consecuencias nefastas del desinterés por hacer del sistema jurídico un ordenamiento eficiente, dado que los parches existentes en cada defectuosa política pública implementada, crean espacios para que quienes más tienen no sientan esa indiferencia del Estado por servir a cada persona peruana.
Me parece pertinente recordar la década pasada, cuando el Perú se levantaba de la desgracia social y moral instaurada por el gobierno de Alberto Fujimori, ya que en el año 2003 se conformó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). Para aquel entonces, fue también la sociedad civil la que logró ese gran impulso, mediante las acciones colectivas que se trasladaron a las calles, lo cual consiguió que por primera vez la población sintiera esa cercanía con los magistrados, a quienes podían acudir, incluso al propio presidente del Poder Judicial, para contarle sus problemas y sean tomados en cuenta.
Esta iniciativa fue bastante positiva, pero era evidente que generaría incomodidades a aquellas personas acostumbradas al manejo tradicional de la justicia peruana, en donde la corrupción tiene un protagonismo preponderante. Asimismo, se hicieron importantes diagnósticos para identificar los principales problemas, en los cuales resalta que la “reforma” anteriormente realizada por el fujimorismo fue una de las peores expresiones de lo registrado durante nuestra historia republicana. Ahora, en pleno 2018, identificamos nuevamente la imperante necesidad de reformar el sistema de justicia nacional, pero para ello debemos insistir, como sociedad civil, que el cambio sea integral.
Si aquellos aspectos que involucran los problemas de las grandes esferas de poder se resuelven mediante el arbitraje, entonces qué les importa mejorar el Poder Judicial, en donde se ven aspectos que para la economía les son irrelevantes, porque, por ejemplo, el que los violadores y feminicidas (o potenciales feminicidas) estén libres por las calles, bañados en la impunidad, es algo que simplemente no importa.
Nuestra legislación es el producto de la clásica improvisación y criollada peruana, por ejemplo, tenemos mucha influencia italiana en la misma, pese a que ese sea el sistema jurídico más deficiente de Europa, por la única y sencilla razón de que si bien resultaba más sencillo copiar normativas extranjeras, era más sencillo aún copiar esta, ya que la de otro país como el alemán, por ejemplo, daba flojera en tanto la lengua es mucho más difícil, motivo por el cual era más fácil hacer la de “Acuña”, es decir, copiar un modelo que estaba escrito en una lengua que al menos se entendía, al derivar del latín, al igual que la nuestra. Y sí, aunque resulte hasta increíble y risible ello, así de mediocre ha sido el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico.
Es por ello que ahora enfaticemos mediante nuestra acción social lo que queremos para uno de los poderes del Estado, porque bajo el pretexto de que todo lo que hace el Estado lo hace mal (lo cual también es cierto) se crean espacios aparentes para que los derechos sean, por el contrario, privilegios de pocos.
Necesitamos una reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, pero una contundente, en donde no existan privilegios para que algunos puedan esquivarla y crearse sus propios espacios, y con ello los incentivos para la constante fiscalización y mejora se encuentren ausentes. Y eso no depende solo de quienes están al mando, sino también de nosotros y nosotras que tenemos la obligación de participar activamente en todo aquello que queremos para nuestro país. La indignación no basta, transformémosla en acción.
Foto de portada: Manada Feminista