Sol Carreño, conductora del programa dominical Cuarto Poder, periodista, abogada y defensora feroz del libre mercado, no solo ha promovido desde su programa el levantamiento de las restricciones para los servicios de delivery por aplicativo como Rappi, sino que a través de Twitter se ha manifestado contra la “sobreprotección laboral” y ha defendido el hecho de que miles de trabajadores en el Perú laboren sin un seguro de salud que les garantice atención en caso contraigan el coronavirus, so pretexto de la libertad de contratación.

En el Perú, millones de peruanos llamados “trabajadores independientes” se han quedado desprotegidos y desempleados debido a la crisis sanitaria que enfrentamos por la pandemia del covid-19. Llamarlos independientes es una forma de romantizar la precarización laboral, la falta de regulación y la nula aplicación de políticas públicas que garanticen un empleo digno.  Estos trabajadores no solo son informales, sino que son vulnerados cotidianamente sin que nadie diga nada.

Para periodistas y políticos que defienden los intereses de grandes grupos de poder económico, las medidas que protegen derechos resultan innecesarias y prescindibles bajo cualquier circunstancia. Incluso cuando la vida y la salud está en riesgo.

Sol Carreño señala en su hilo de Twitter que, “El estado se ha comprometido a dar atención universal de salud.  Aducir la falta de un seguro como impedimento para usar un sistema que puede ser más fácil de fiscalizar no tiene sentido. La seguridad que debe buscarse es que no se enferme ni repartidor ni cliente”. Sin embargo, si partimos de nuestra realidad, con un sistema sanitario colapsando, sin suficientes camas UCI, ni ventiladores mecánicos y con cuerpos acumulándose en las morgues, ¿cómo sería posible que el gobierno logré garantizar el derecho de salud de estos trabajadores?, ¿por qué estas transnacionales (como Glovo, Ubber y Rappi) que deberían garantizar los derechos de sus trabajadores no lo hacen?, ¿pueden acaso estar exentas estas plataformas de cualquier regulación y, ante la falta de fiscalización, convertir a los repartidores en agentes de contagio del virus?

Nuestra realidad es apremiante. No podemos ni debemos “sacrificar” a nadie, si las empresas no pueden garantizar el cumplimiento de protocolos y garantizar la salud de los trabajadores, no deberían iniciar operaciones.

Los repartidores de servicios delivery por aplicativo no tienen relación laboral alguna con las transnacionales, por tanto, como no son considerados “trabajadores” sino “colaboradores” que ofrecen un servicio, estos no gozan de derechos laborales, no tienen seguro de salud, no aportan al sistema de pensiones, no reciben un sueldo básico, no tienen una jornada laboral definida y ganan “comisiones” por entregas, muchas veces ha habido protestas por reducciones en el porcentaje de estas comisiones. Lo que muchos ven como “libertad” es flexibilización laboral y obliga a muchos de ellos a trabajar jornadas extenuantes para legar a fin de mes, mientras las transnacionales se llevan grandes cantidades de dinero amparándose en vacíos legales.

Quizá sea el momento de exigir un marco normativo que proteja a estos trabajadores y no de presionar para que, a cualquier costo, incluso la vida y la salud, se expongan por necesidad económica a contraer una enfermedad como el covid-19. No seamos Sol Carreño, dejemos de defender privilegios y empecemos a bregar por más derechos.