El 15 de julio del 2020, la Confiep, mediante un comunicado oficial que ha sido difundido en sus redes y se encuentra publicado en su página web, manifiesta su oposición a la ratificación del Acuerdo de Escazú, un documento de carácter regional firmado el 27 de setiembre del 2018 por el Perú y otros países de América Latina y el Caribe, que versa con respecto a los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, y que, tras su ratificación por 11 países, entrará en vigencia y será de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros.
A la fecha, 22 países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo de Escazú y 9 de ellos, han ratificado su firma. En el Perú deberá ser ratificado por el Congreso, sin embargo, las grandes empresas, a través de su gremio, buscan evitar que este acuerdo sea ratificado y entre en vigor en nuestro país. ¿Por qué?
El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con la visión de proteger los derechos humanos y garantizar un medioambiente saludable. Además, es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Recordemos que, en América Latina y el Caribe, existen una gran cantidad de conflictos socioambientales, los cuales se agravan a causa de la inacción del Estado, el abandono a las comunidades y la imposición de proyectos extractivos. En el Perú, en los últimos cinco años han sido asesinados 70 líderes indígenas* y el recuerdo de Bagua, Conga y Tía María se mantiene fresco en la memoria.
No solo el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal agreden la integridad de nuestra Amazonía, sino también la escasa presencia del Estado, la inexistencia de un registro de defensores ambientales y la falta de un marco jurídico que privilegie la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas en nuestro territorio.
Si el Acuerdo de Escazú se ratifica en el Congreso, el Perú deberá asumir compromisos internacionales para el desarrollo de una democracia plena, asegurando el derecho de toda persona a vivir en un medioambiente sano, facilitando el acceso a la información a todos los ciudadanos con base en el principio de máxima publicidad, debiendo brindar asistencia a los pueblos indígenas y poblaciones vulnerables para ejercer sus derechos.
Asimismo, el Perú deberá modificar normas o avanzar en la regulación de su legislación ambiental para promover y cautelar la participación ciudadana abierta e inclusiva en materia ambiental, posibilitando que no se tomen decisiones ambientales sin considerarse la voz de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente o puedan afectar la salud.
Como vemos, este Acuerdo resulta necesario e importante para nuestro país, pero, a pesar de ello, la Confiep, so pretexto de un posible atentado a la soberanía nacional y una amenaza al desarrollo de las actividades económicas, busca direccionar en forma equivocada a la opinión pública y ejercer presiones sobre el legislativo para evitar su ratificación.
En ese sentido, vale aclarar que el Acuerdo de Escazú garantiza la soberanía de los Estados, quienes deben decidir cómo adaptarán sus normas vigentes y futuras a los compromisos asumidos en el Acuerdo y las medidas de garantía respecto de cada derecho. Asimismo, se consignan dentro de sus principios la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y la igualdad soberana de cada uno de ellos.
Como vemos, lo que verdaderamente ocurre es que cualquier acción para fortalecer los derechos humanos y la legislación ambiental en nuestro país es vista como un obstáculo para los intereses de los grandes grupos de poder económico que se resguardan en la desrregulación o ausencia de mecanismos para proteger a las comunidades, para agilizar la aprobación de proyectos sin garantías reales, como por ejemplo, una participación activa inclusiva, honesta y vinculante de la ciudadanía en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para proyectos extractivos que puedan afectar sus vidas y territorios.
* Fuente: ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.