Tras una investigación del fiscal José Domingo Pérez, se detuvieron a 5 funcionarios que buscaban beneficiarse mediante actos corruptos en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Sobre la base de esto, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para los implicados.

La pequeña de red de corrupción tenía como integrantes al abogado Hernán Costa Alva, a su hijo Nésto Costa, Ricardo León Dueñas, ex gerente de la ONP, Jorge Noziglia Chávarry, ex funcionario del Ministerio de Economía (MEF) y Rosmery Velásquez Cano, ex jueza supernumeraria.

La historia comenzó con la iniciativa de Hernán Costa, quien solo quería dinero con la excusa de que lo recaudado sería para la asociación de jubilados de Enapu a la cual representaba.

En aras de no levantar sospechas, el abogado buscó la “opinión técnica” de Jorge Noziglia para que recomiende a la jueza Martha Hinostroza desembolsar beneficios sociales mediante S/ 206 millones. Una actitud clásica de ‘hermanitos’.

Gracias a la aprobación de la jueza, Costa cobró S/ 19 millones por derecho de honorarios. Acto seguido, el abogado transfirió S/ 750 mil a su ‘hermanito’ Noziglia, ya que gracias a su “opinión técnica” el dinero se desembolsó sin trabas.

Organización criminal

Cuando el fiscal Domingo Pérez interrogó a Noziglia le preguntó por qué recibió el dinero, el ex funcionario del MEF indicó que se debía a un pago de servicios de su esposa, pues ella no podía recibir el reembolso directamente por no tener una cuenta bancaria.

Esta versión de Noziglia se contradice con lo dicho en el banco, donde mencionó que el monto abonado fue una “donación” del estudio jurídico de Hernán Costa, a quien benefició con su “opinión técnica”.

Asimismo, el fiscal consideró que se trata de una presunta organización criminal por obtener beneficios indebidos mediante procesos judiciales, o los ya conocidos ‘favorcitos’.