Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo han entrado al panteón de los próceres justo cuándo nos acercamos a la conmemoración del Bicentenario de la declaración de independencia política en Perú. Ellos son ya los héroes de la generación del Bicentenario, que ha tenido su bautismo de fuego en las calles la semana pasada, luchando contra un grupo de usurpadores y ganándoles, a costa de dichas vidas, decenas de heridos, detenidos y desaparecidos. ¿Debieron morir dichos jóvenes y quedar heridos otros para que los usurpadores salgan de Palacio de Gobierno? ¿Algo de ese sacrificio fue entendido por los congresistas que generaron esta crisis?
No. Al punto de que ellos ni siquiera pudieron elegir la lista única encabezada por una congresista sin ningún cuestionamiento de corrupción, Rocío Silva Santisteban, consensuada para salir del desgobierno en que nos metieron. Como para recordarnos que los partidos políticos que hacen mayoría -Acción Popular, Alianza para el Progreso, Perú Podemos y Unión por el Perú- no tienen ningún ánimo de enmienda.
Por eso se abre en las calles la perspectiva de una Constitución que establezca garantías efectivas para los derechos a la salud, a la educación de buena calidad y otros derechos sociales, económicos y ambientales; precise relaciones fluidas entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como entre niveles de gobierno; defina principios de servicialidad de los servidores públicos para con los ciudadanos y ciudadanas, indique responsabilidades por agresiones (como las que protagonizó la policía en Lima) e incumplimientos de deberes; establezca normas útiles para las situaciones de emergencia; y fije un régimen económico al servicio de las personas.
Quizá un ejemplo palpable de cambio constitucional que debería establecerse inmediatamente, es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esta está establecida en el artículo 93 del actual cuerpo constitucional y funciona en la práctica como impunidad parlamentaria, como si la representación de los pueblos suponga ponerse por encima del principio de igualdad de toda persona ante la Ley.
Una nueva regulación debería mantener la inmunidad por las opiniones y votos que se emiten en el ejercicio de sus funciones. Así como una inmunidad de arresto por los actos en ese mismo ejercicio funcional, pudiéndoseles privar de libertad con autorización de la Corte Suprema. Pero debería suprimir la autorización del Congreso o de la Comisión Permanente para todo procesamiento o detención por cualquier causa, como ocurre ahora, lo que genera blindajes en todo tipo de delitos.
Para cambiar la Constitución con prontitud, se puede alcanzar una votación mayoritaria en esta Legislatura y ratificarse con un referéndum el mismo día de las elecciones generales del 11 de abril. De manera que entre en vigencia en este período congresal. Sería una buena manera de reinvindicación de la actual representación.
En la misma urna de referéndum y recogiéndose la propuesta hecha por Verónika Mendoza, debe consultarse la inclusión en el artículo 206 de la Constitución, de un procedimiento de reforma total mediante una Asamblea Constituyente, la cuál podría descentralizarse, para recoger posturas de todo el Perú. De esa manera, nuestra Generación del Bicentenario participará en la elaboración de una Constitución del Bicentenario, que dé el marco político jurídico para el desarrollo del Perú del siglo XXI.