Las y los fundamentalistas son personas que, bajo el manto de una falsa moralidad amparada en manuales religiosos leídos de manera distorsionada, destruyen a los seres humanos que no se ajustan a los dogmas que dicen defender, pues sobre estos no pueden ejercer poder de manipulación alguno, claro está. En el fondo, estos personajes sustentan otros intereses económicos y privilegios que son respaldados en base a la manipulación popular y abuso de personas en estado de vulnerabilidad, sobre quienes ejercen dominio y son utilizados para mantener una estructura social y política en donde la igualdad sea probablemente una de las características de vida que menos se percibe. Se aprovechan de los miedos de las personas y las situaciones de necesidad e inestabilidad emocional en la que se pueden encontrar para captarlas y mediante la manipulación religiosa taparles los ojos a la realidad social en la cual viven.
Bajo ese contexto, hay un hecho que personalmente me genera mucha incomodidad, en tanto estos seres cuestionables se han atribuido un término que en definitiva no merecen y no les pertenece, que es el ser enunciados como “provida”, hecho tan falso como su nobleza en las obras de caridad por la Navidad, por lo que tenemos que erradicar esa etiqueta que no se ajusta a la realidad, y pasar a llamarlos realmente como lo que son: antiderechos.
Decirles provida a personas que legitiman la violación de derechos humanos y que, por ejemplo, obligan a parir a niñas violadas a costa de sus creencias personales aplicables a discrecionalidad, es lesivo, y esto daña nuestros intentos por el fortalecimiento del desarrollo social. Esta etiqueta se ha ido instaurando en el contexto de la lucha social por la legalización del aborto y por su aparente preocupación en la vida del neonato, lo que es más bien una estrategia de reafirmar las ansias de dominio de las mujeres y sus cuerpos, y no un real interés por la vida como quieren hacer creer, porque en el fondo los no nacidos les importan una nada. Y sobre esto versa el objetivo principal de este texto.
Somos testigos de que la indignación respecto al aborto por parte de la cucufatería es selectiva, que no aplica cuando se trata de cubrir sus pecados y no evidenciar actos que van en contra de la imagen que promulgan, que no se asocia a embarazos infantiles que son la prueba viviente de las violaciones, en su mayoría incestuosas, y sobre las cuales prefieren callar, que no despierta cuando este ocurre dentro de la esfera familiar o amical, entre un sinfín de situaciones.
Sin embargo, hay otro hecho adicional que pone en evidencia el falso interés de los antiderechos por la llegada al mundo de nuevos seres humanos y que, por el contrario, se trataría de salvaguardar intereses económicos de un sistema explotador que abona sus privilegios, los que sustentan su presunta moralidad de decir “salvemos las dos vidas”, pero que apuntan a otros objetivos. Este hecho que los vuelve a poner en evidencia es la indiferencia registrada ante los efectos de la contaminación ambiental en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Raquel Coca, activista huancaína por los derechos de las mujeres y la salud de las personas afectadas por plomo y otras sustancias[1], ha iniciado una acción de incidencia social potente, interpelando a los antiderechos por su indiferencia ante los abortos, para nada espontáneos, registrados en mujeres que viven en zonas mineras de la región Junín. Hecho que nos motiva a una justa y necesaria reflexión, y que se convierte en un argumento más para destapar la careta de estas personas fundamentalistas que de provida no tienen absolutamente nada.
La minería y las actividades asociadas a esta, que de manera irresponsable se realizan en nuestra sociedad, dañan el medioambiente y generan impactos negativos severos en la salud pública, lo cual se pone en evidencia también con la ocurrencia recurrente de abortos falsamente llamados espontáneos, en mujeres que sí quieren ejercer su maternidad de manera deseada y responsable. La minería agresiva está atentando contra los embriones que no llegan a gestarse, pese a que existe la total voluntad de que se conviertan en personas y nazcan, y ante eso los fundamentalistas antiderechos no dicen absolutamente nada.
Las del pañuelo verde -como nos identifican a quienes apostamos por el derecho de decidir de las mujeres- apelamos a la maternidad deseada y si bien eso incluye el derecho a la interrupción del embarazo, es decir, el aborto cuando así se considere, también implica el ejercicio del derecho de toda mujer de ser madre cuando así lo quiera.
Es por esa razón que las mujeres que defendemos la autonomía de nuestros cuerpos nos sumamos a la indignación colectiva provocada por las esterilizaciones forzosas llevadas a cabo en el gobierno de Alberto Fujimori, en donde de manera invasiva y autoritaria se atentó contra los derechos fundamentales de mujeres campesinas y pobres, que sin consentimiento alguno fueron privadas de su derecho a decidir.
Bajo este mismo razonamiento, la problemática actual que sufren las mujeres que llevan plomo en la sangre nos pone en evidencia que el impacto de la minería atroz está atentando contra la vida del no nacido, vida que los antiderechos dicen defender, pero que, al parecer, para esta situación puntual, no convoca el interés de pronunciarse.
En la región Junín se encuentra la ciudad de La Oroya, considerada la quinta ciudad más contaminada del mundo, en donde su población sufre las consecuencias de llevar plomo en la sangre, lo cual en los embarazos tiene como efecto más grave el aborto espontáneo y el mortinato, es decir, el nacimiento sin vida, sin contar con los riesgos adicionales que la mujer debe enfrentar.
Ante ello, ninguno de los personajes que dicen defender la vida se pronuncian, y lo mismo ocurre con situaciones similares registradas en otros territorios mineros del Perú, sin enunciar aquellos que laboran en la informalidad, que tienen un impacto negativo en la vida de la flora, fauna y los seres vivos aún peor.
Las y los fundamentalistas antiderechos son una de las caretas de este sistema maquiavélico que ha pervertido las actividades económicas para sustentar privilegios en unos cuantos, es por esa razón que la acción de indignación es selectiva. Si en verdad tuvieran un real interés por el no nacido y defendieran las dos vidas, les veríamos también indignados con la minería irresponsable y de manera confrontacional tendrían acciones de protesta y denuncia a las grandes empresas que contaminan el país, defendiendo a las mujeres y fetos deseados, pero no lo hacen. Enfrentarse a la minería feroz para estas personas sería ir contra todo aquello que les da los privilegios que detentan, privilegios que temen perder de existir mayor justicia social.
Las y los antiderechos no están haciendo absolutamente nada frente a los abortos en mujeres contaminadas con plomo, abortos no deseados, abortos que son aquello que dicen detestar, pese a que ocurren de manera reiterada. No hacen nada por salvar las dos vidas, la de las mujeres víctimas de la contaminación ambiental y la de los cigotos que no llegan a convertirse en seres humanos por culpa de los agentes contaminantes que impiden su existencia.
Mientras que las de los pañuelos verdes sí nos mostramos en contra y alzamos nuestra voz de protesta sobre este atentado, y la diferencia radica en que nosotras no estamos en contra de la vida, estamos a favor de la misma, tampoco estamos en contra de la maternidad, pues de hecho, estamos a favor de esta, la que no tiene otra forma de darse que no sea a través del deseo y voluntad, que bien pudo surgir de manera previa a la concepción o cuando la fecundación ya estaba dada.
¿Qué de provida van a ser estas personas que guardan un silencio cómplice respecto a los abortos espontáneos, sabiendo que las muertes de los cigotos son consecuencias directas de los agentes contaminantes de la actividad minera feroz? Dejemos de llamar provida a personas que solo son proprivilegios y antiderechos, que son falsos e hipócritas en su razón de ser y que solo dañan el crecimiento democrático del país. Nosotras con los pañuelos verdes por delante sigamos defendiendo la vida, la vida digna, esa que involucra que las mujeres sean dueñas de sus cuerpos y libertades, esa que contemple que los úteros son nuestros, esa que entienda que el derecho de gestar es autónomo y sobre el cual nadie más que la propia mujer podrá tener el derecho a decidir.
[1] Raquel Coca es integrante de Foro Salud, a su vez forma parte de la Mesa de Diálogo de la Mujer de Huancayo. También es vicepresidenta del Consejo Regional de la Mujer – Junín.
