La Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de incluir a las personas migrantes dentro del paquete de medidas que el Gobierno ha implementado para sobrellevar los costos económicos asumidos por la población en cuarentena frente a la propagación del coronavirus.
Ellos, debido a las diversas barreras y limitaciones legales se ven obligados a incorporarse al mercado laboral informal, lo que los expone a situaciones de explotación y afectación de sus derechos. Por ende, la limitación del ejercicio de su derecho a la libertad de tránsito por el estado de emergencia, impide que puedan desarrollar las labores que les generaban ingresos económicos diarios, lo que pone en riesgo su seguridad alimentaria.
Incidimos en la necesidad de crear mecanismos que atiendan a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
La Defensoría también mostró su preocupación por los desalojos arbitrarios que han estado denunciándose estas últimas semanas, de familias con niñxs, lo que afecta con más intensidad a las personas migrantes. Frente a ello señalan que las ejecuciones de desalojos deben ser dentro del marco legal, de lo contrario se incurre en responsabilidades civiles e incluso penales.
Resulta de vital importancia que todas las personas que se encuentran en territorio nacional accedan al sistema sanitario sin ningún tipo de distinción
