Cuando hemos visto a ciudadanos bloquear carreteras o impidiendo el tránsito por un legítimo reclamo, no faltan los analistas y autoridades que exigen la sanción conforme a ley. ¿Qué pasa cuando bloqueo lo hace una empresa?

La minera Chinalco, aprovechando las horas de la madrugada del último 12 de septiembre, bloqueó con tierra las principales vías de acceso a la ciudad de Morococha Antigua haciendo uso de sus volquetes. Esto tras las observaciones que se presentaron al SENACE en la elaboración de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA).

Obviamente, el bloqueó tomó de sorpresa a los pobladores de Morococha. Se organizaron para dejar despejada aquel sector, pero, lamentablemente, agentes de la Policía llegó con sus vehículos para vigilar rigurosamente estas vías de acceso; dijeron que el terreno era propiedad privada de la minera Chinalco. El mundo al revés.

“En horas de la tarde varios efectivos policiales llegaron, no eran efectivos de la comisaria de Morococha y comenzaron a obstaculizar el camino argumentando que nadie podía pasar, y que ya no existe población en la zona de Morococha Antigua, acusando a los pobladores de ser foráneos”, señaló un afectado.

Policías de la localidad, al enterarse de lo que sucedía, se acercaron rápidamente al lugar para interceder y tratar de resolver el problema: lograron que los volquetes se retiraran y así también los otros efectivos policiales. Por la noche, pobladores de Morococha Antigua decidieron realizar una vigilia para impedir que durante la madrugada “aparezca” un nuevo bloqueo, y sin ningún tipo de apoyo por parte de la municipalidad de Morococha.

Pobladores no existen en la MEIA

Debemos señalar que hay más de 40 familias viviendo en las 34 hectáreas de la antigua ciudad de Morococha; son familias que buscan un mejor acuerdo, pero la empresa minera solo acepta negociar con ellos previa reubicación, o sea, que cedan antes de negociar. Ellos rechazan dejar su ciudad por la falta de trabajo y oportunidades en la nueva ciudad Carhuacoto, creada por Chinalco, donde acabaron otras familias.

Para los pobladores de Morococha Antigua, bloqueo de vías de ingreso responde a la necesidad de la minera Chinalco por “deshacerse” de ellos. Señalan que Carhuacoto, la nueva Morococha, es un pueblo fantasma por la falta de comercio y oportunidades laborales.

“La nueva ciudad ha quedado desolada, es un campamento minero, la gente que vive ahí solo vive de trabajos tercerizados. El comercio ha muerto, ha colapsado, ya que la minera no cumplió con lo prometido”, manifestó un poblador de Morococha Antigua.

A esto se suma que los pobladores de Morococha Antigua no aparecen en el MEIA —de ahí que se exigen cambios en el documento—, es decir, no existen para la minera.

A la Policía se la respeta

Para los pobladores de Morococha Antigua, la minera Chinalco mantiene un convenio con la DINOES de la Policía Nacional del Perú. En el convenio se mencionarían compromisos como el pago a los agentes policiales, seguros de vida y de riesgo.

Hasta hoy los accesos permanecen bloqueados; solo está habilitada una pequeña entrada para el ingreso. “Esto no ha concluido, no sabemos por qué han hecho esto ya que el tema no está definido, no hay respuesta de ellos (minera) y tampoco nuestras propias autoridades”, manifestaron los afectados.

La ley es la ley

¿Será que la minera Chinalco busca desconocer a los pobladores de las 34 hectáreas de la Morococha Antigua? ¿La empresa no sabe que pobladores están amparados la ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo?

Por último, debemos recordar el tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal que se refiere a la extorsión y establece que:

“El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.

Código Penal, artículo 200: Extorsión

¿Qué dirán nuestras autoridades?

(Fuente: Red Muqui)