Escribe Mariella Bautista
La crisis del COVID-19 evidencia con crudeza la inequidad y la falta de una mirada intercultural y de género en la oferta del sistema de salud hacia las comunidades indígenas.
De acuerdo con información de las entidades sanitarias a los primeros días de abril, solo en Iquitos se han confirmado 82 casos positivos al coronavirus y dos fallecidos; Moyobamba tiene seis contagiados y un fallecido y se ha notificado la presencia de dos casos en Amazonas y Puerto Maldonado.
Además de ello, diariamente llegan a los medios virtuales pedidos de ayuda, tanto para los dirigentes indígenas que se han quedado varados en Iquitos, como por ayuda económica y en alimentos para diversas comunidades. Asimismo, demandan a las Direcciones de Salud que se pronuncien brindando información clara y ampliando la cobertura de atención.
Lo cierto es que las comunidades indígenas, y en especial las poblaciones no contactadas, están en una situación altamente vulnerable, existen diversos vectores asociados a la pobreza y falta de acceso a recursos, como la desnutrición crónica, tuberculosis, dengue, malaria, embarazo adolescente, entre otros, que elevan exponencialmente su riesgo.
Esta situación se agrava al no contar en sus territorios con un adecuado sistema de salud, entendiendo con ello no solo los servicios del MINSA, sino de otras entidades incluyendo a privados. La situación permanente de falta de servicios y personal tiene, como una de sus causas, el que a algunos profesionales médicos no les gusta ir a zonas alejadas y menos a comunidades, sea por lo lejos, sea porque no son visibles o porque creen que no contarán con los recursos necesarios para cumplir con su rol. Aunado a ello, es conocido que las intervenciones o decisiones que se toman para proveer atención en general, y en esta crisis en particular, adolecen de una mirada que se adapte a su cultura, formas de vida y aproveche adecuadamente los conocimientos ancestrales y su entorno.
Frente a esta situación, nueve organizaciones regionales indígenas afiliadas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, que además representa a la red de 109 federaciones y 1800 comunidades, sesionaron el 30 de marzo y, conscientes de su elevada vulnerabilidad, teniendo como referencia el aislamiento voluntario de algunas comunidades, quienes haciendo uso de su derecho a la autodeterminación, eligieron este camino como estrategia de sobrevivencia, decidieron cerrar sus territorios. Los primeros en hacerlo fueron el pueblo Harakbut en Madre de Dios, seguidos de la comunidad Caco Macaya en Ucayali, de igual forma la nación Asháninka, agrupadas en la Central del Río Ene, y la Awajún, cerraron sus fronteras. Todas ellas han organizado a la población para ejercer una estricta vigilancia y no dejar que nadie ajeno ingrese a sus comunidades.
Los argumentos que sustentan esta decisión son el no haber tenido acceso al bono de 380 soles, la falta de víveres, el no contar con mascarillas ni servicios de salud adecuados, la amenaza del narcotráfico, para lo cual solicitaron ayuda a las Fuerzas Armadas, que aún no han recibido. Además, las comunidades más cercanas demoran por lo menos 24 horas para llegar a un servicio de salud y otras, como las que están asentadas en zona de frontera, demoran entre tres y cinco días para llegar a la ciudad. Sin embargo, las organizaciones indigenas mencionadas han declarado también que saben que necesitan del contacto con las instituciones sanitarias, por lo que están dispuestos a participar activamente y ponen a disposición sus pocos recursos, desde las personas para establecer el contacto, como pequepeques y lanchas.
Muchas de las comunidades indígenas, frente a la continua agresión del “desarrollo”, la presencia de colonos, proliferación de actividades extractivas y otros, han ido internándose cada vez en zonas más altas y de difícil acceso. Para muchas de estas comunidades las carreteras han traído muerte, tristeza e incluso han puesto en riesgo sus formas de organización y subsistencia, el respeto a sus costumbres y formas de vida. Se debe considerar también que mucha población indígena no ha recibido vacunas, por lo que su sistema inmunológico no está preparado para varias enfermedades que, como una simple gripe o varicela, podría significarles la muerte. Esta situación exige del Estado una intervención multidimensional que responda a la deuda de la permanente exclusión a la que han ido sometidas todas esas comunidades, cuya precariedad va en relación directa a su vulnerabilidad.
Además de ello, es necesario incorporar una mirada desde el género pues, al igual que en muchos lugares de nuestro territorio, las mujeres ocupan una posición subalterna, si bien es cierto son valoradas como dadoras de vida, de transmisión de algunos conocimientos, también tienen acceso muy limitado a recursos y casi nula participación en la toma de decisiones, tienen en sus espaldas la mayor responsabilidad de las tareas de cuidado de la familia y de los enfermos en particular y en situaciones de escasez de recursos y de alimentos en particular se privilegia a los niños, hombres, niñas y ellas quedan en último lugar, lo que puede debilitar su fortaleza física y exponerlas a un mayor riesgo frente a cualquier enfermedad.
Esta pandemia ha puesto en jaque a todo el mundo, pero a las comunidades indígenas las amenaza con la extinción. De llegar el contagio y extenderse, las consecuencias serían catastróficas. Urge que el Estado pague ya la deuda política y ética que tiene con las comunidades indígenas históricamente olvidadas e invisibilizadas, desde una mirada intercultural; que promueva e incluya en la toma de decisiones a las organizaciones de base y a los líderes de las comunidades, sin forzar su integración ni imponiendo presencias en sus comunidades. Apelamos al deber que tiene el Estado de velar por todos sus ciudadanos y ciudadanas, a las normas internacionales en defensa de sus derechos y territorios. Exigimos que se empiece por adoptar medidas preventivas como el retiro de agentes externos y personas ajenas a las comunidades. No hacerlo sería prácticamente condenarlos a la extinción.
