En una entrevista realizada a Patricia Gamarra, candidata al Congreso por el Partido Morado, la tuitera señaló cuáles serían algunos de sus propuestas de ley si llegara a ser elegida. Aunque era evidente el intento por escapar de la pregunta y la poca preparación que tenían sus propuestas, mencionó unas cuatro que se le ocurrieron en el momento y que según ella, viene pensando ad portas de unos comicios en donde se espera que la clase política elegida sea distinta a la anterior, es decir, que esté más preparada y que sepa lo que quiere.

Entre las propuestas de la candidata están el matrimonio igualitario (el proyecto ya ha sido presentado varias veces sin necesidad de que ella lo promueva), regular la violencia obstétrica (que se encuentra incluida en el Plan Nacional de Igualdad de Género como un tipo de violencia de género y que se puede denunciar en los CEM) y mejorar los procedimientos de la Sunedu para que las universidades puedan abrir más facultades sin muchas restricciones, pero tal vez la más extraña de todas es la propuesta de la ley del mortinato, una réplica de la ley promovida por el gobierno derechista de Piñera en Chile y que logró ser aprobada el año pasado, una propuesta peligrosa porque dota de reconocimiento jurídico a los mortinatos.

A partir del minuto 27

Sobre lo dicho por Gamarra, que también señaló que está a favor del aborto por violación porque no se conseguirá más, la activista feminista y abogada de Demus María Ysabel Cedano conversó con Mano Alzada y nos hizo las siguientes precisiones:

La candidata Gamarra quiere emular al presidente chileno Piñera que propuso una iniciativa legislativa para establecer un catastro nacional de mortinatos, facilitando la individualización y sepultación de estos. Frente ello, Camila Maturana, de la organización feminista Corporación Humanas de Chile sustentó ante el Congreso: “Corporación Humanas comprende y empatiza con el dolor de las mujeres que han sufrido pérdidas reproductivas y muertes fetales, y valora la presentación de iniciativas de ley orientadas a mitigar las consecuencias de ello. No obstante, preocupa que a partir de una determinada regulación se generen consecuencias jurídicas que puedan ir más allá de lo que el objetivo del mensaje presidencial declara, especialmente dotar de reconocimiento jurídico a los mortinatos”.

¿He aquí a una “provida” que idealiza la maternidad y que está más preocupada por el “feto y nacido muerto” que por la mujer y transmasculino que los sobreviven? ¿He aquí una lobista de la agenda de los antiderechos? ¿En base a qué estudio científico se basa para asumir que las mujeres necesitamos una ley del mortinato para sufrir menos una pérdida?

Señorita Gamarra, ¿sabe usted del caso de una niña embarazada producto de violación a la que se le negó el derecho al aborto terapéutico y la justicia a la fecha, que sobrevivió al parto de un feto muerto y que se libró gracias a su madre de ir a registrarlo en Reniec, pero que fue una niña obligada a velarlo y enterrarlo? ¿Su proyecto de ley busca que este trato cruel, inhumano y denigrante sea legal? Sepa usted que las secuelas en la ahora adolescente perduran hasta hoy por la culpa católica como autoflagelación y criminalización social, y por un Estado que no garantiza su derecho a la igualdad de género y una vida libre de violencia.

La estrategia de los antiderechos, de diseminarse en todas las listas al Congreso, sigue y tiene en Patricia Gamarra una candidata nata. Los “provida”, que en realidad son antiderechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo con autonomía y autodeterminación, es de decir libremente, tienen su Luciana León en el Partido Morado.

Nuevamente las creencias personales se usan como argumento falaz para hablar en nombre de todas y para seguir generando un conflicto de derechos entre la vida digna para mujeres y trans y una “vida en desarrollo”, y en este caso una “vida muerta”.

No hay nada gracioso aquí. La penalización del aborto es discriminación y violencia de género. Seguir promoviendo derechos de un “mortinato” so pretexto de defender los derechos de las mujeres y cuerpxs gestantes es un desatino. El Estado debería garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en particular el derecho a decidir de las mujeres en diversos contextos por género, clase, etnia y raza.

Coincido con la Corporación Humanas Chile cuando concluye que “resulta evidente que la pretensión de reconocimiento jurídico a los mortinatos proviene de actores sociales y políticos que se oponen al reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, en especial, su derecho a decidir; y que la presentación del proyecto de ley sobre mortinatos es parte de la estrategia orientada a impedir el debate sobre aborto legal en el país”.