Vulnerando la más elemental noción de justicia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó hoy el informe final en el proceso que, en relación con la disolución del Congreso del 30 de septiembre de 2019, incluye al expremier Salvador del Solar.

Es una decisión discriminatoria, que ignora lo dispuesto por la Constitución, se aparta de los precedentes establecidos por el propio Parlamento, basa su única acusación en una evidente mentira y deja en claro que la única motivación detrás de este proceso ha sido descalificar a potenciales adversarios políticos.

En primer lugar, se comete una discriminación flagrante. A pesar de que, cumpliendo con el artículo 99 de la Constitución, la SAC ha declarado la caducidad en múltiples casos de exfuncionarios que cesaron en sus funciones en la misma fecha que el expremier, en el caso de este -y únicamente en su caso- la SAC se ha rehusado a hacerlo.

En segundo lugar, se desconoce abiertamente el precedente parlamentario establecido por la propia Comisión de Constitución del Parlamento que, en 2007, señaló de forma inequívoca que el plazo de caducidad del artículo 99 de la Constitución no admite ninguna interrupción, por lo que la posibilidad de acusar al exministro del Solar caducó de forma definitiva el 30 de septiembre de 2024. Es más, a pesar de que ese criterio debería respetarse y no crearse otro “ad hoc” para el expremier Del Solar, se decidió no esperar la opinión consultiva que, sobre el tema de la caducidad, la propia SAC había solicitado a la Comisión de Constitución.

Y, por último, la única acusación que el informe finalmente presenta contra Salvador del Solar se basa en un razonamiento absurdo y una mentira evidente: que, como las actas del Consejo de Ministros no incluyeron de manera explícita que el Poder Ejecutivo interpondría la cuestión de confianza con el objetivo de detener el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (lo que, además de ser obvio, era de público conocimiento), formular ese pedido en el hemiciclo habría sido una “iniciativa personal” del expremier del Solar que no habría contado con el conocimiento ni la autorización del gabinete que él mismo presidía.

Así de absurdo y arbitrario es el razonamiento del informe aprobado por la SAC, que propone algo tan grave como la inhabilitación para la función pública por cinco años para el expremier del Solar únicamente porque las actas del Consejo de Ministros no registraron de manera literal algo que a todas luces resultaba obvio en la coyuntura politica del momento.

La Comisón Permanente tiene todavía la oportunidad de corregir este despropósito que, aunque se suma a una larga lista de atropellos cometidos recientemente por el Parlamento y por lo tanto, no resulta sorprendente, no deja de revestir la mayor gravedad.