Las autoridades de Brasil no colaborarán más con el caso Lava Jato en Perú. La queja inició por parte de  la constructora Odebrecht al mencionar que “se le viene persiguiendo” a pesar de la información que ya brindan a los fiscales del Equipo Especial de nuestro país.

La decisión se tomó en conjunto y fue anunciada por la Procuraduría General de Brasil que decidió detener la cooperación judicial con el caso Lava Jato.

Mediante un correo electrónico oficial, el martes 3 de julio se le comunicó a la Fiscalía de la Nación la suspensión del interrogatorio previsto a Hilberto da Silva, exdirector del departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la famosa Caja 2 que repartía el dinero para los “aportes” políticos.

La declaración debía realizarse hoy en la ciudad de Salvador de Bahía sobre las investigaciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y del expresidente Ollanta Humala.

La defensa de Barata

Mediante un extenso informe, Carlos Kauffman, abogado de Barata, presentó a la Procuraduría de Brasil todo lo sucedido en Lima. En el documento detalla su colaboración con la entrega de pruebas de corrupción en el país, y una queja por la supuesta reparación civil de 1.600 millones de dólares, lo cual sería “impagable” para él.

Asimismo,  manifestó que pese a todos los alcances con las autoridades, sus cuentas bancarias siguen congeladas, se decomisaron sus archivos y se le persigue penalmente. Al parecer,  el informe terminó de convencer a la Procuradoría General de Brasil para detener colaboración judicial con Perú.

Los efectos de la suspensión

La copia de los archivos encriptados de la Caja 2 de Odebrecht también se vería afectada con la decisión final. Así de claro y tajante, pues para Brasil, se colabora con todo o nada.

Sin embargo, el Ministerio Público anunció que los proceso con Jorge Barata y Odebrecht no se han suspendido.