Mientras el presidente Martín Vizcarra disfruta de la subida en las encuestas, las normas que dejó hace casi un mes pasaron desapercibidas por la marea de los audios de la corrupción.
Estar de acuerdo con la extracción (minerales, petróleo, madera) es estar de acuerdo con el Perú. Eso dependerá de cuánto gana y cuánto pierde el país; si se vulneran o no derechos de los pueblos indígenas y si afecta irreversiblemente o no al ambiente. Para estar de acuerdo con la extracción, primero deben estar de acuerdo las partes implicadas in situ.
Recordemos que el renunciante Pedro Pablo Kuczynski nos dejó en marzo un paquetito de normas que favorecían a la irlandesa Tullow Perú para que inicie su exploración y explotación de petróleo en el mar (de Ancash a Tumbes). Los pescadores e industrias de la zona se preparaban para protestar y se alistaba una denuncia constitucional contra PPK por la ‘entrega’ de nuestros recursos.
Pero volvamos al frío agosto en donde Martín Vizcarra subió 11 puntos porcentuales en su aprobación (46%) y, aunque algunos envidiosos digan que se debe a sus medidas ‘populistas’ en el mensaje a la Nación del último 28 de julio —más por el referéndum—, no advirtieron que existe poca información sobre el nuevo paquete normativo en donde estaría favoreciendo con medidas tributarias a las empresas de siempre; los contratos se renuevan y todo sigue igual.
Las normas y sus enfoques
Para Javier Jhancke, secretario ejecutivo de Red Muqui, las medidas de Vizcarra reforzarían el modelo extractivo y apuntarían a desaparecer territorios colectivos. Para él, la modificación del marco normativo de Defensa Pública no incluye medidas para optimizar servicios a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos y ambientales, quienes solo protegen sus territorios y derechos colectivos frente al despojo y la imposición de actividades extractivas.
Según su análisis, el Decreto Legislativo Nro. 1366 amplía las funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para tomar decisión sobre bienes inmuebles públicos y privados a favor de obras o proyectos, sin necesidad de que haya una previa declaración de estas como necesidad pública, interés nacional o de gran significancia e importancia.
Asimismo, se establece que, en el caso de procesos judiciales contra el Estado, autoridad jurisdiccional de-be solicitar la opinión de la SBN de manera previa a la emisión de la sentencia o medida cautelar respectiva. Esto afectaría la independencia de la función jurisdiccional.
Se reconoce que existen 55 pueblos indígenas u originarios en el Perú, 30 de ellos están en Loreto, en donde se habla 27 lenguas originarias de las 48 registradas en el país. Habrá que actuar con paciencia y mucho cuidado al establecer medidas que los afecten directamente.
El otro Decreto Legislativo, el Nro. 1360, establece funciones específicas para el Ministerio de Cultura (MINCUL); se precisa que será el Viceministro de Interculturalidad el ente exclusivo de establecer el reconocimiento de Pueblos Indígenas u Originarios, el encargado para ‘establecer los lineamientos para dicho reconocimiento’. ¿Y los gobiernos regionales que realizaron ese reconocimiento?
Para Jhancke se evidencia el afán de poner trabas desde el Estado a las comunidades campesinas y nativas que defienden sus territorios, frente a la imposición de actividades económicas que afectan sus modos de vida y no impulsan alternativas de desarrollo sostenibles, y más bien favorece a los poderes económicos, lo que seguiría generando conflictos sociales en el país.
Sobre ese mismo tema (el DL Nro. 1360), la directora general de Derechos de Pueblos Indígenas del MINCUL, Ángela Acevedo Huertas, asegura que se ha dado un gran paso con esta reglamentación en donde efectivamente se precisa las funciones exclusivas del MINCUL y establece que es el sector encargado de oficializar el reconocimiento de los Pueblos Indígenas.
Para Acevedo Huertas, si bien los Pueblos Indígenas preexisten al Estado, su reconocimiento formal “tiene un valor simbólico que reivindica su identidad y marca un hito en la implementación de políticas públicas que promuevan su inclusión en condiciones de igualdad”.
Asimismo, destacó las palabras de Vizcarra referidas a que “el desarrollo de Perú no es otra cosa que la mejora de la calidad de vida de cada uno de peruanos”. Para ella, esto supone reconocer a nuestros Pueblos Indígenas y que sean incluidos en el proceso de construcción del futuro del país.
Desde Mano Alzada podemos recomendar darle un vistazo al art. 89 de la Constitución (sobre comunidades campesinas) y, cómo no, a la ley 29785 (sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios).
