Los habitantes alrededor de Apurímac, Cusco y Arequipa se han visto afectados por el Estado de Emergencia decretado en el corredor minero del sur. Martín Vizcarra, el 11 de abril declaró a través del Decreto Supremo 037-2018-PCM que el Estado de Emergencia se extenderá por 60 días más.
Desde el segundo semestre de 2017 más 50 mil habitantes aledaños al corredor minero del sur viven con los derechos constitucionales recortados. A la fecha ya son 4 decretos que ampliaron la medida para recortar el derecho a reunión, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y se habilitó a las fuerzas armadas a intervenir en el territorio.
¿La Razón?
La organización CooperAcción explica que la función del corredor vial es ser una carretera que articula diariamente a más de 200 centros poblados y la principal salida para transportar el mineral de cinco grandes empresas mineras en explotación (Las Bambas, Anabi ubicada en Cotabambas, Anabi ubicada en Chumbivilcas, Constancia y Antapaccay). Además, conecta cuatro proyectos exploratorios importantes (Gema, Utunsa, Corccohuayco y Quechua)
Para el Ejecutivo la razón es la aparente convulsión social en la zona del corredor minero del sur, sin embargo, CooperAcción señala que las poblaciones solo exigen atención a sus demandas a través del diálogo. Tal es el caso del proyecto minero Las Bambas y las quejas por la polvareda que está origina a raíz del paso de los camiones por la vía minera.
La Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también han reconocido que no hay conflictividad social y que no existen tomas ni bloqueos de carreteras.
Decreto N° 037-2018-PCM
Según esta medida el Estado de Emergencia tiene tres elementos clases: el corredor vial, el punto de inicio y término de la vía minera y los 500 metros adyacentes a cada lado del corredor.
El corredor atraviesa 14 distritos que pertenecen a cinco provincias de Apurímac, Cusco y Arequipa. Los 500 metros adyacentes a ambos lados afectan a 215 centros poblados donde viven más de 50 mil habitantes que están siendo afectados por medida, que para muchas organizaciones pro derechos humanos es inconstitucional.
Apurímac
El distrito de Challhuanhuacho en Apurímac es uno de los más afectados, ya que por novena vez han prolongado el Estado de Emergencia de forma preventiva.
La Corte Superior de Justicia de Apurímac ha cuestionado la medida ya que la Constitución prohíbe suspender derechos constitucionales por prevención.
PNP y MMG
El Decreto Supremo N° 037-2018-PCM reconoce que el pedido ha sido por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, el presunto conflicto de intereses para el Instituto Legal de Defensa (IDL) es que la PNP tienen convenios privados con la empresa MMG que ejecuta el proyecto Las Bambas, a quienes los habitantes del sur le exigen soluciones ante la contaminación que genera la actividad minera.
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