El Baguazo, esa herida abierta. A pesar de haber transcurrido nueve años de la matanza de 23 policías y 10 civiles por parte del gobierno aprista y una población enardecida por las injusticias, la impunidad sigue campeando los hechos, y sus responsables siguen haciendo política como si no hubieran hecho nada malo.
El 5 de junio de 2009, el Gobierno autorizó una intervención policial para desalojar acual nativos de las etnias Awajún y Wampis, quienes se encontraban protestando durante semanas para proteger la propiedad de las tierras.
Los protestantes le exigían al gobierno de Alan García respetar la consulta previa, herramienta jurídica que permite garantizar los derechos de los habitantes, desde abril de ese año.
El 4 de junio, un día antes de la tragedia, los manifestantes habían decidido retirarse y estaban recolectando dinero para la movilidad. El 5 de junio, la orden de la ministra de Defensa de ese entonces, Mercedes Cabanillas, iniciaría la feroz represión a las comunidades que protestaban.
La policía no permitió que representantes de la Fiscalía se hicieran presentes y restringió el paso a las autoridades locales, operadores de salud y ayuda humanitaria. Se abrieron siete procesos judiciales, pero ninguno a los responsables políticos.
Aquí puedes encontrar el informe completo que realizó Amnistía Internacional sobre los hechos: Bagua, seis meses después.
Se realizaron dos documentales para entender lo que pasó en esa fecha:
La Espera, historia del Baguazo, de Fernando Vílchez (2014).
El choque de dos mundos, de Mathew Orzel y Heidi Brandenburg (2016).
La ciudadanía no olvida lo que un gobierno que desprecia a sus ciudadanos es capaz de hacer, por eso todos los años se realizan acciones simbólicas en recuerdo de estos hechos, para que nunca se olvide quiénes fueron los verdaderos responsables, quiénes tenían el poder de mandar a matar inocentes, y quiénes no hicieron nada para evitar que la violencia se desate.
Fotogalería
Fotos de Selena Merino.
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