Gobierno sigue protegiendo a mineras

30 días más de estado de emergencia en parte del corredor minero que une Cusco, Apurímac y Arequipa. Seguirán pasando camiones mientras derechos constitucionales estarán suspendidos.

Comunidades aledañas al corredor, que cuentan con escasos recursos y que apoyo del gobierno se ve más lejano aún, han intentado organizarse en medio de esta pandemia por el Covid-19 que afecta a todo el Perú.

Ciudadanos han colocado prohibiciones en las entradas de sus comunidades porque saben que el virus viene de afuera. Sin embargo, el gobierno ha extendido el estado de emergencia en la zona para “garantizar” que las actividades mineras continúen y sus camiones pasen por allí.

Unilateral

La medida del gobierno de Martín Vizcarra fue tomada para, según el informe de la Policía, evitar conflictos y garantizar el orden interno. ¿No hubo otro punto de vista? ¿El de las comunidades, tal vez?

Asimismo, en el informe N° 008-2020-VII MACREPOL/SEC-UNIPLEDU —que tiene carácter reservado— recomienda que se haga efectiva la medida porque los conflictos sociales podrían alcanzar niveles críticos debido a la crisis económica que ‘posiblemente’ provoque el periodo de cuarentena. Es más, sostiene que sería inminente el brote de acciones violentas por parte de los pobladores de la zona cuando acabe el periodo de inmovilización social obligatoria.

Parece increíble, pero usted mismo puede leerlo en el considerando número cuatro del Decreto Supremo N° 060-2020-PCM que en este enlace compartimos.

Recordemos que la extensión por Chumbivilcas y Espinar del corredor vial minero sigue siendo propiedad de las comunidades campesinas afectadas porque el Ministerio de Transportes y Comunidades y la Empresa Minera todavía no le dan solución; no han considerado reconocer el derecho de propiedad.

Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA emitió un informe preliminar sobre las afectaciones ambientales en el corredor minero que va contra la salud de las comunidades campesinas.

No queremos pensar que el gobierno se está aprovechando del momento, cuando debería garantizar la seguridad, la salud y la vida de la ciudadanía de todas las regiones del Perú que también son amenazadas por la pandemia y que, a su vez, debe atender las demandas de las comunidades por contaminación ambiental y afectación a su propiedad por la actividad minera.

(Fuente: Derecho sin fronteras)