La pandemia ha develado, entre tantas cosas, a un sistema estatal muy dócil con las empresas extractivas. ¿Cuánto favorece al Perú? ¿Cómo se ha desarrollado estos meses?
Las actividades mineras traen inevitablemente impactos ambientales que podrían estar mejor regulados, sobre todo si vienen con afectación de los Derechos Humanos. Cabe mencionar que las investigaciones en ese aspecto fueron archivadas. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Morococha, Junín, en donde, a la luz de los hechos, habría un convenio entre la Policía y la empresa minera.
La pandemia mundial por el coronavirus no ha detenido a la empresa minera; contagios, hostigamientos, despidos ante reclamos legítimos se han dado en todos estos meses. Y las normas dictadas por el gobierno han seguido favoreciendo a las empresas mineras.
Para Ana Leyva, especialista legal en temas minero ambientales (Cooperacción), el Decreto Legislativo 1500 apareció con el objetivo de facilitar la reactivación económica: virtualizando los procesos de participación ciudadana y modificando el sistema de gestión ambiental, para reducir requisitos de fiscalización y evaluación ambiental en contexto de pandemia. Estos comportamientos ponen en evidencia, la enorme influencia que tiene el sector minero, en el MINEM y MINAM, ya que uno aprueba las normas sectoriales ambientales y el otro le da su visto bueno.
Lee aquí el Decreto Legislativo Nº 1500
Yendo por esa misma línea, para Red Muqui el Decreto Supremo 019-2020 se dio sin mayor fundamentación técnico-ambiental (valoración de los impactos y daños ambientales) que se generan en la fase de exploración.
Además, se ha visto que el Estado ha priorizado al sector minero por sobre otros sectores productivos que pueden generar mayor bienestar a la población. La empresa minera busca acelerar sus procesos productivos y para ello la etapa de exploración minera es clave para la reducción de costos e ingreso al territorio.
Ha sido notoria la desprotección de los ecosistemas hídricos especialmente los ubicadas en las cabeceras de cuenca y las aguas subterráneas. Por último, el DS 019 afectó derechos como el de participación ciudadana ambiental y los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y a su desarrollo sostenible.
Lee aquí el Decreto Supremo N° DS N° 019-2020-EM
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Ante esta problemática, diferentes analistas dieron su punto de vista y manifestaron opciones para posibles soluciones.
Roxana Barrantes: “Como estamos no podemos seguir”
La economista manifestó que con el desarrollo minero como se está llevando no vamos a llegar a ninguna parte. “Lamentablemente el Perú depende de la minería y la diversificación productiva está a unos 10 años para no depender de la minería”, dijo.
Para ella se debe pensar de manera distinta la gobernanza de los territorios; con reglas fáciles de entender y proteger derechos de las comunidades para generar un nuevo modelo. Remarcó que debe desarrollarse una reforma en la gestión pública que responda a las necesidades de los ciudadanos. “Tenemos (la sociedad civil) que involucrarnos en los cambios”, finalizó Barrantes.
Gerardo Damonte: “La infraestructura hídrica (represas, canales) no están pensadas para planificación del agua, responden primero a la necesidad minera y no de la población”
El antropólogo sostuvo que la gestión del gobierno debe ser completa e integral, una visión hidrosocial. También señaló que la pandemia ha desnudado falencias del desarrollo territorial a pequeña y gran escala. “En el caso del agua es que en todas las zonas mineras hay escasez hídrica; no se tiene calidad de agua, en un tiempo en que se pide el lavado de manos por la pandemia”, subrayó.
Asimismo, Damonte considera que la pomposa descentralización ha sido incierta y en medida pequeña, porque la toma de decisión viene de Lima. “La visión territorial que llega de Lima es corta, se pierden las particularidades: el Estado debe llegar, pues de nada sirve tener autoridades o instituciones si al final hay que enviar una carta a Lima”, remarcó.
Para que exista un beneficio más amplio en las decisiones se necesita de una gobernanza plural: las experiencias locales no son integradas a ese sistema. “Es muy vertical la visión”, dijo.
Juan Aste: “Debemos salir del extractivismo”
Para el economista e investigador “no necesitamos más proyectos mineros y hay que hacer redistribución de los ingresos. Ahora dependemos, pero debemos ir hacia la no dependencia”. Para él, tenemos un país megabiodiverso. Además, la “súper” minería empezó en el Perú a mediados del siglo pasado.
Bajo ese aspecto debe haber vigilancia y monitoreo ambiental y se debe dar protección agroalimentaria. “¿Por qué tenemos que importar tanto?”, se preguntó. Aste percibe, además, que hay temor de empezar lo nuevo.
La participación del Estado en la fase inicial de la inversión privada es importante y no debería aplazarse. En Valle de Tambo, por ejemplo, el gobierno está cediendo. “La empresa minera quiere convencer a las comunidades lo más pronto posible para garantizar su rentabilidad”, dijo.
“Quitan la competencia del Estado en la responsabilidad social y se la dejan a la empresa”. El proceso que se sigue es licencia de construcción primero, continúa la concesión y luego la consulta. “Luego, cuando hay oposición le dicen terrorismo antiminero”, enfatizó.
Yolanda Zurita: “No nos permiten la participación horizontal”
Ella es vocera de los afectados por metales tóxicos y exige que el Estado o las empresas les faciliten un informe de las sustancias químicas usadas en el proceso productivo para saber qué hacer y cómo cuidarse.
“Dicen que la minería es la palanca del desarrollo, pero estaríamos gozando de buena salud y no es así”, manifestó, exigiendo una mayor vigilancia y control de los focos de exposición propias de las actividades extractivas.
Además, señaló que los pasivos ambientales están abandonados; continúan en la búsqueda de una atención integral en salud. Señaló que la promocionada comisión multisectorial está suspendida hace dos meses. “No sentimos voluntad política; queremos que se apunte a la atención integral, que nos den luces si se va a hacer”, finalizó.
Jorge Juárez: “Los campamentos están apiñados de trabajadores; las nuevas jornadas laborales las imponen las empresas”
Para el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros la exministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, les mintió. “Estamos cansados de reclamar a las autoridades porque el empresario hace lo que quiere no hay seguridad jurídica para los trabajadores”, dijo Juárez.
Mientras las empresas han recibido apoyo del Estado por medio del programa Reactiva Perú, al trabajador se le persigue por reclamar. “Se está penalizando la protesta; los desplazamientos están prohibidos limitando la protesta”, señaló.
Finalmente, Juárez remarcó que los trabajadores no deberían confiar en políticos que vienen a ellos solo en los momentos electorales. Para él, a los trabajadores se les ha enseñado a no hablar de política, cuando deberían hablar de ello para no entrar en precarización. “Al final no tenemos representación en la toma de decisiones”, dijo.
La minería es, en este momento, fundamental para recobrar el impulso económico, pero no se debería permitir que las empresas aprovechen esa oportunidad para vulnerar derechos. Además, como se ha señalado, existen otros motores económicos —menos destructivos— que pueden ser utilizados y repotenciados en un mediano plazo.
(Foro virtual: “Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?” – organizado por Red Muqui)