Mayra, es uno de los rostros de la trata y explotación de mujeres en Madre de Dios, para ser más exactos en La Pampa. De victima pasó a ser enjuiciada y encarcelada: el día de un operativo contra la trata, se encontraba trabajando en la caja del local, por lo que el fiscal, sin analizar el caso, asumió inmediatamente que era parte de la organización criminal y condenada a 8 años de cárcel.
El caso de Mayra se dio a conocer tras la investigación del antropólogo Gabriel Arriarán, quien realizó un informe sobre la salud física y emocional de las mujeres que “laboran” en los llamados prostibares. En el desarrollo de las entrevistas conoció a Mayra, quien trabajaba en el centro nocturno Casablanca. Meses después la encontraría recluida en el penal de Madre de Dios desde el 2016.
Pese a que es una víctima de explotación sexual, como se evidenció en el informe, su proceso estuvo lleno de irregularidades: no existen pruebas vinculantes, no se realizó una investigación rigurosa, no se admitieron medios probatorios que probaban su inocencia y se le extendió la prisión preventiva. Ahora su caso está en proceso de apelación que se resolverá el 11 de octubre.
Su abogada, Lizi Fernandez, detalló: “Mayra fue víctima de trata de personas, ella no es tratante, ella entró a trabajar en ese bar porque tenía la necesidad de ayudar a sus hijos y no tenía oportunidades de conseguir trabajo dado que su nivel de educación no le permite acceder a buenos puestos de empleo que la ayuden a mantener a sus pequeños”.
La dinámica de su trabajo consistía en hacer beber a los parroquianos. Como arrojó el informe sobre su caso: “la joven madre de tres hijos, entonces dama de compañía del prostibar Casablanca, era una víctima de explotación sexual y trabajo forzoso: la castigaban, trabajaba los siete días de la semana, tomaba en promedio una caja de cerveza al día y presentaba un cuadro depresivo severo”.
Como menciona Arriarán: “Basta con que una dama de compañía acepte de los dueños de locales clandestinos, como los del Km. 108, la responsabilidad de encargarse de la caja, para ser imputable. Y para borrar, con la imputación, su pasado reciente en la esclavitud”.
La pregunta que salta inmediatamente es: ¿qué está haciendo el Estado para solucionar la trata y explotación de mujeres? Tras el informe de Arriarán se puso en conocimiento el tramado que permite este escenario desolador para las mujeres.
El negocio de estos prostibares es el consumo de cerveza, el distribuidor más importante de la zona mueve alrededor de un millón de soles mensualmente y ¿quién es el productor de la cerveza? La empresa privada, Backus.
Backus lanzó un pronunciamiento después de un informe revelado en la televisión nacional, pero ¿se puede confiar en la empresa privada enmarcada en el sistema neoliberal? No, porque ellos tienen conocimiento de esta problemática y no han tomado ninguna acción para disminuir su participación.
Aquí el penoso pronunciamiento:
