En el proyecto de modificación de la ley de cine de la congresista Tudela se afirma en el artículo primero que el objetivo de la norma sería “fomentar la inversión para el desarrollo de producciones cinematográficas y audiovisuales en territorio nacional, así como impulsar la promoción del uso de locaciones del territorio nacional para la producción de obras audiovisuales”.

Todo suena muy lindo y hasta atractivo, pero a renglón seguido viene la pregunta ¿para lograr esos objetivos se necesitaba afectar la ley de cine vigente? Por supuesto que no. La confusión, sin embargo, no es casual, y más allá de la evidente ignorancia del tema, si uno revisa la exposición de motivos que acompaña al proyecto, y lo dicho por la propia congresista en medios, se da cuenta que el propósito mayor es esterilizar cualquier mirada crítica del cine nacional para convertirlo en mera locación de la filmación extranjera, supuestamente para promover el turismo.    

Fomentar la producción internacional en el territorio nacional no es mala idea, pero si la congresista y sus asesores se hubieran tomado un pequeño tiempo previo de consultar con los gremios sobre el tema, o siquiera googlear, se habrían enterado que ya desde hace meses se constituyó en Lima la “Mesa Ejecutiva para la promoción del Perú como destino de locaciones fílmicas”, en el Ministerio de Economía y Finanzas, integrada por representantes de los ministerios de Cultura, Transportes y Comunicaciones, Interior, Mincetur y MEF; así como de la Sunat, Sernanp, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y organizaciones privadas del sector cinematográfico.

Su propósito es constituir una Film Commission en el país que promueva y facilite la realización de producciones extranjeras de todo tipo en nuestro territorio, con mecanismos similares a los que se otorgan en otros países de la región, como exoneraciones e incentivos tributarios, facilidades logísticas y seguridad. A cambio de ello, se promovería la contratación de técnicos, actores y servicios peruanos para el desarrollo del sector. Más o menos el modelo aplicado en Colombia, Chile o México, entre otros países, que ha mostrado su eficacia a nivel internacional.

Esto no tiene que ver para nada con los estímulos que brinda anualmente el Ministerio de Cultura para el campo cinematográfico nacional, como sucede en los otros países mencionados, donde coexisten legislaciones diferenciadas para promover su producción nacional y, por otro lado, incentivar la filmación extranjera en el territorio. Hasta la dictadura franquista en España supo diferenciar ambos aspectos, al convocar la producción extranjera en la península en los años 50 para mejorar su imagen internacional, al tiempo que apoyaba la producción nacional, previa censura.

Agreguemos que el proyecto de marras parte de una falacia: suponer que la escasa presencia de realizaciones internacionales en el país sería culpa de los estímulos a la producción nacional, y en especial la llamada “discriminación positiva” que hizo posible producciones como “Wiñaypacha” o “Willaq Pirqa”, entre otras.

Es decir, que por apoyar esas y otras películas nacionales supuestamente no tendríamos al osito Paddington o la saga de James Bond. Y a partir de semejante tesis, sin mayor evidencia, se llega a la absurda conclusión que lo que debería hacerse es destinar fondos del presupuesto para los estímulos cinematográficos a las producciones extranjeras que se hagan en el país, y para asegurar que les lleguen se propone que solo se asignen para un máximo del 50% de la producción total.

No señorita Tudela, si esas y otras películas y reportajes internacionales no se grabaron en el Perú es porque se carecía en el país de la Film Commission, que fue dejada de lado de la ley de cine, como otros temas, por no ser del agrado de los funcionarios del MEF y la Sunat por mucho tiempo, así como tampoco de los alcaldes y gobernadores distritales y regionales que medraron de la falta de normativa en cuanto a la legislación sobre filmaciones. Esperemos que eso ahora cambie, aunque ver para creer.

Mientras tanto, eso de promover filmaciones extranjeras en el país de manera indiferenciada y beneficiándose de las legislaciones para estimular el cine nacional es una historia vieja conocida. Podemos remontarnos a 1962 con la Ley 13936 en el segundo gobierno de Manuel Prado. Una norma que liberaba de toda clase de impuesto y arbitrios a la exhibición de las películas nacionales, de largometraje, producidas por empresas nacionales.

Sin embargo, olvidaba precisar que era una película peruana, y cuáles eran los requisitos mínimos para considerarla como tal, de resultas que fue aprovechado por los productores extranjeros de países de la región con mayor experiencia cinematográfica y una industria consolidada (México y Argentina), aunque en decadencia, que vinieron a hacer su negocio en Perú con “coproducciones” donde ellos tenían siempre las mejores ventajas y los títulos estelares, mientras los peruanos solo aportaban algunos figurantes, locaciones y uno que otro técnico para labores de asistencia.

Ahí están títulos como “Operación ñongos”, “El tesoro de Atahualpa” o “Mi secretaria está loca, loca, loca”, que generosamente ahora ya nadie recuerda. Situación que no cambió hasta la dación del Decreto Ley 19327 en el gobierno de Velasco. Pero incluso con esta ley, no faltó en sus postrimerías otro intento de aprovechar el margen de las coproducciones con películas que el especialista de serie b norteamericano, Roger Corman, impulsó en el país (“Misión en los andes”, “Calles peligrosas”).

Nada digno de mayor nostalgia, como se puede ver. Por lo demás, ¿qué puede significar para productoras como la Paramount, que invierte más de 80 millones de dólares en su realización, como “Transformers”, el presupuesto total anual que se destina para el cine peruano que asciende a cerca de 7 millones de dólares? Es una cifra ridícula e irrelevante en el contexto internacional, pero sí significativa a nivel nacional, y que se distribuye en varias producciones de diverso tipo y género, incluido documentales y otras actividades relacionadas. ¿O lo que se busca es impedir y censurar la diversidad de nuestro cine?

Ni el Perú, ni su cine, son una marca. Querer limitar el cine a ese cliché es tan limitado como suponer que no existe más allá de, como se dice en México, “películas palomiteras” (o de canchita o pop corn). Lo que está en juego con el proyecto de la congresista Tudela y sus amigos es defender, más que la ley de cine, que es limitada y siempre perfectible, garantizar que los peruanos tengamos un cine nuestro, con nuestra identidad y sueños, y no ser solo el marco escenográfico de otros, que como tantas veces ha pasado en nuestra historia, después de haber sacado lo mejor de aquí, no dejen nada luego de la palabra fin (o The End).