Esta por finalizar el mes de mayo de este oscuro 2025, y la Dirección del Audiovisual, los Nuevos Medios y la Fonografía del Ministerio de Cultura, conocida como la DAFO, aun no lanza la convocatoria para los estímulos del audiovisual y la cinematografía de este año. Pese a que en febrero se anunció rimbombante una Resolución Ministerial que creaba un grupo de trabajo integrado por funcionarios del Estado y representantes de los cineastas para “emitir recomendaciones y propuestas técnicas y financieras sobre las diferentes líneas de estímulos de los Planes Anuales para los estímulos de cine del 2025 y 2026”; las mismos que se presentaron a inicios de abril en el propio auditorio del Ministerio.

El tema no va por la falta de presupuesto para este año, que más bien corre el riesgo de perderse, ni siquiera la carencia de personal en la DAFO. No, la intención es acomodarse a la ley Tudela-Juárez del Congreso, la 32309, y a la nueva función que les corresponde por esta norma, no ya de promotores del cine peruano, sino de su censura. Hay que recordar que la Ley fija un plazo de treinta días útiles para la elaboración del Reglamento, y al parecer los funcionarios de esta entidad quieren demostrar la mayor diligencia al respecto. Lo llamativo es el silencio de la casi totalidad de los gremios y asociaciones de cineastas, antes tan locuaces y ahora dominados por el mutismo y la resignación.

En medio de todo nos enteramos que en el Congreso se ha presentado un enésimo proyecto de nueva ley de cine, esta vez de Acción Popular (que en su gran mayoría votó por la Ley Tudela-Juárez) y que propone eliminar lo del porcentaje previo del 30% del presupuesto que se exige a las productoras nacionales para presentarse a los concursos de estímulos, pero se mantiene la censura, supuestamente suavizada la redacción contra las obras que “atenten contra el estado de derecho, así como aquellas que vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano.” Y debe decirse, de manera firme e indubitable, no hay censura buena ni “light”, todas van contra la Constitución y son inaceptables. En la subjetividad de un censor, cualquier resquicio legal es una puerta abierta para la mordaza de la libre expresión y la paranoia ideológica. Por lo demás, resulta poco creíble que este Congreso, que acaba de aprobar su ley de cine luego de varias vueltas y contra la opinión de todo el sector, ahora se quiera desdecir con otra legislación.

Demostrando que el ataque al cine peruano no era exclusivo, esta semana se hicieron públicos los comunicados de los gremios e instituciones de actores y actrices como Inter Artis Perú y el SAIP (Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú), porque en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso se aprueba un dictamen que reemplaza la Ley de Artista vigente (N° 28131 de 2003), afectando el derecho de los artistas al cobro de las regalías por la transmisión de obras audiovisuales donde participan en la comunicación pública. Con eso se afectan beneficios sociales de salud, sepelio y ayuda social. La legislación de los artistas peruanos tenía insuficiencias y vacíos –al igual que la del cine–, pero el supuesto remedio que busca reemplazarla, resulta peor que la enfermedad. Tal vez el lobby de los medios de comunicación públicos y plataformas de streaming es más fuerte que los artistas, a quienes no se consultó, como ya es costumbre en los legisladores nacionales.

Mientras tanto, en el Festival de Cannes, uno de los más importantes a nivel mundial, no se presentan películas peruanas en algunas de las diversas categorías en competencia, como sí lo hicieron los otros países donde existen leyes promotoras del audiovisual. Lo que sí hubo fue la instalación de un stand en el evento de la Riviera francesa como parte de la estrategia “Film in Peru”, impulsada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), que busca proyectar al país como un destino de rodaje de clase mundial. Es significativo que en la nota de prensa se mencione a las producciones internacionales Transformers: El Despertar de las Bestias (2023) y Paddington en Perú (2024), como “claves para posicionar al país”; y se presente al territorio peruano convertido en un gran set de filmación con sus maravillas naturales y arqueológicas, omitiendo discretamente toda mención a la inseguridad, crisis social en el país y corrupción de funcionarios.

Está muy bien que se promocione la producción extranjera en el país, es la tarea de la Comisión Fílmica, una vieja demanda de los cineastas locales que incorpore además de las locaciones, a los productores y técnicos nacionales, y que existe en muchas otras partes del mundo, con legislaciones ad hoc. Por cierto, antes de la intervención legislativa que devino en la ley Tudela-Juárez, se había avanzado en la iniciativa de crear una Comisión Fílmica en el Perú, con participación plural de funcionarios y cineastas, y que los congresistas tiraron al tacho para imponer su ley censora. Porque la promoción del cine extranjero no justifica los cambios represivos de la ley de cine, que lejos de promover la producción, la termina espantando.

Por otro lado, la Cinemateca Nacional del Perú sigue pendiente, por más que el Ministerio de Cultura trate de presentarlo como una realidad lo que no pasa de un archivo de la omnipresente DAFO, desgajado totalmente de las políticas de preservación audiovisual impulsada por la entidad rectora del cine en el país. No hay mayor preocupación por la memoria y rescate del audiovisual peruano que, ay, seguirá perdiéndose. Lo que sí se pretende es invisibilizar a los que demandan por la Cinemateca, como ha sucedido con el cortometraje Sin archivo, sin historia documental realizado por Valeria Farías y un equipo de alumnos de la Universidad San Martín de Porres, que se iba a exhibir en el auditorio Armando Robles Godoy, como parte del Festival LimaDocs, y que a última hora fue censurado por los funcionarios del Estado.   

Confío que la esperada convocatoria a los estímulos económicos de este año no tiene nada que ver con el silencio de la mayoría de los cineastas, aunque tal vez me equivoque. Seguir defendiendo a un organismo convertido en censor, con funcionarios aferrados al cargo, convierte a la representación gremial en furgón de cola de un Estado que busca un cine incoloro, domesticado y silenciado con recursos públicos. Reitero lo invocación expresada en una carta pública reciente a las nuevas generaciones, de pronto regionales, pero también limeños, agremiadas o no, que hagan suya la lucha por un cine peruano verdaderamente democrático, sin censuras, arreglos burocráticos, ni intereses menudos. Pensando en un cine de tod@s, en especial para el público, la gente, que para ellos debe ser un arte y expresión con libertad creativa plena, no solo para los cineastas.       

Quiero recoger, para cerrar esta nota, lo que escribió Francisco Adrianzén en un post en Facebook del 27 de abril de este año, y que resume mucho de lo que se percibe en estos días en el sector: “En realidad la Ley Anticine no fue promulgada hoy 25 de abril, ya se había hecho efectiva meses atrás, cuando los cineastas, anteponiendo intereses estrictamente individuales, se dedicaron a defender el status quo y su representantes, la DAFO, y dejaron de pensar en que el cine es un esfuerzo colectivo y que un marco legal adecuado nos debiera de garantizar ejercer con dignidad nuestra profesión de cara al público y la nación«.