• Sobrevivientes y familiares de las víctimas de esterilizaciones forzadas exigen reparaciones integrales, juzgado ad hoc y ampliación de la extradición de Alberto Fujimori para que sea condenado.
  • CIDH encontró responsable nuevamente al Estado peruano por el caso de esterilizaciones forzadas, esta vez en el caso de Celia Ramos, víctima mortal.
  • Ante el incumplimiento de los deberes del Estado de hacer justicia y reparar a todas las víctimas, hijas de Celia Ramos anunciaron que solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleve el caso a la Corte IDH.

Este miércoles 3 de marzo inició la investigación judicial para el caso de esterilizaciones forzadas. Dicho proceso empezará con la toma de las declaraciones de los exministros de salud del gobierno de Alberto Fujimori: los denunciados Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.

Al respecto, Cynthia Silva, directora de DEMUS, organización litigante de Celia Ramos y Mamérita Mestanza (víctimas mortales de la política fujimorista), señaló que esperaban “que las investigaciones sean exhaustivas, se realicen de manera diligente y no discriminatorias para que el caso no quede impune. Estas primeras diligencias serán importantes para dar paso a la acusación fiscal y luego al juicio que deben enfrentar los denunciados”.

Respecto al expresidente y dictador, las víctimas, su defensa y familiares exigen que la Fiscalía empiece los trámites para ampliar su extradición a fin de que sea juzgado y condenado por este crimen de lesa humanidad como corresponde; ya que, por el momento, no puede declarar ante el juez debido a esa situación. Así lo manifestaron en conferencia de prensa en las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Por su parte, Maricela Monzón Ramos, hija mayor de Celia Ramos, anunció que el juez también las ha citado a ellas para la toma de declaraciones. Además, exigió a la Fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial que se garantice una justicia imparcial, libre de discriminación y en plazo razonable para que puedan ir a juicio. Asimismo, exigió al Estado peruano reparar integralmente a todas las víctimas de esterilizaciones forzadas, lo que –precisó- es un derecho adquirido independientemente de su derecho a la justicia.

Finalmente, comunicó que la Comisión Interamericana de DDHH les ha dado la razón: “La comisión nuevamente encuentra responsable al estado peruano, de violar los DDHH de una víctima de esterilización forzada, en este caso la víctima es nuestra mamá Celia Ramos, nosotras esperamos que el estado cumpla sin mayor prórroga, con las recomendaciones de la comisión y que tome en cuenta que hasta la fecha el estado sigue negando justicia y reparación conforme a DDHH, por lo tanto esperamos que la comisión considere denunciar al estado peruano ante la corte interamericana de DDHH, así no ganará la impunidad, podremos ser reparadas y lograremos medidas para que todas las víctimas puedan ser reparadas”.

De igual manera, Milton Campos, abogado del litigio, comentó que este caso, que cuenta con más de mil denunciantes, no es el único, sino que hay otros más que siguen su proceso. Asimismo, afirmó que el juzgado que lleva la investigación tiene alta carga procesal, así como un plazo de solo ocho meses para dar solución. Plazo irreal, afirma, por lo que se exige la creación de un juzgado y fiscalía AD HOC que dé exclusividad a este proceso y las víctimas accedan por fin a justicia diligente y célere. “El Estado tiene que brindar un camino óptimo de búsqueda de justicia, por eso es muy importante que se tome la decisión, la voluntad política y económica de que haya un juzgado exclusivo para este caso”, sostuvo.

Por su parte, Silva añadió que “se han demostrado muchísimas irregularidades en el proceso y negligencias imperdonables para las víctimas que siguen esperando décadas por justicia y reparación”. En ese sentido mencionó y enumeró que hay evidencia de que les ha tomado 2 meses notificarles una resolución que ya estaba lista y leída, y que además fue transmitida por redes sociales, lo cual alargó el proceso y la espera, revictimizando a las víctimas. Otro error material que debilita y demora el conocimiento del caso, es que han colocado erróneamente en los papeles a una víctima sobreviviente como víctima mortal. Por eso y por la magnitud del caso, es necesario una Fiscalía y un juzgado AD HOC que se encargue exclusivamente del caso y que no tenga otras cargas procesales.

Asimismo, María Ysabel Cedano, abogada por Demus e integrante del movimiento Somos 2074 y Muchas Más, exigió que la investigación pueda responsabilizar a los actores mediatos, a los decisores políticos, a los que planificaron y dirigieron estos delitos cometidos. “Se causaron lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte, así como se vulneró la libertad personal y los derechos reproductivos de miles de mujeres al ejecutar una política sin garantizar los derechos humanos a la planificación familiar y el acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos con consentimiento previo, libre, informado y por escrito en caso de métodos irreversibles. En los noventas no hubo garantías de estos derechos, por el contrario, hubo una política que buscaba cumplir cuotas y metas para ligarles las trompas y hacer vasectomías sin consentimiento a mujeres y hombres quechuahablantes jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema”, subrayó.

Además, dijo que Marino Costa, entre junio y julio de 1997 y en su calidad de ministro, informaba a Fujimori específica y exclusivamente de las ligaduras de trompas, que se realizaron forzosamente y no de toda la política de planificación familiar, ni de todos los métodos anticonceptivos previstos.

Finalmente, Jennie Dador, secretaria de la CNDDHH, comentó que es simbólico que este proceso inicie en marzo, a puertas del Día de la Mujer, por lo que esperan que este proceso sea favorable para las personas afectadas y sus familiares.

Enlace de la transmisión: https://www.facebook.com/somos2074/videos/1171816086896785