El 26 de noviembre trascendió, a través del medio de comunicación Exitosa Iquitos, que una menor de 12 años, procedente de la comunidad de Urarinas, fue atendida en el Hospital Regional de Loreto para una cesárea de emergencia.

La Organización Señora Ley, que vela por el acceso a la salud de niñas, adolescentes y mujeres adultas en territorio peruano, viene realizando seguimiento del caso.

Ellas invocan a las autoridades competentes:

1. INFORMAR a la ciudadanía si se ha generado INVESTIGACIÓN FISCAL sobre el caso de la niña C.J.

2. GARANTIZAR la presencia de un INTÉRPRETE URARINA en todo el proceso de investigación y juzgamiento.

3. CELERIDAD en el desarrollo de la investigación, especialmente oportuna programación de CÁMARA GESELL y actuación de pruebas.

Instan al Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Cultura, a aunar esfuerzos en esta investigación.

Finalmente, es necesario reiterar que existe evidencia científica de sobra que reafirma el riesgo físico y psicológico al que se somete una niña que es obligada a llevar a término un embarazo.

“El embarazo infantil forzado como producto de abuso sexual genera consecuencias psicológicas y sociales graves en la vida de las víctimas, entre ellas problemas psicológicos como trastornos de depresión, ansiedad y estrés postraumático”, ha escrito Eliana Panozo, psicóloga e investigadora boliviana.

Según datos de la oficina del país del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 1.437 niñas entre 10 y 14 años fueron madres en 2021 en Perú, siendo Loreto uno de los cinco departamentos donde se identificó más casos de niñas que fueron madres. Según el orden jurídico peruano, los nacimientos de niñas menores de 15 años son el resultado de delitos de violación.

Por ello, urge que los prestadores de salud conozcan el Protocolo de aborto terapéutico y lo apliquen de manera oportuna.