Imponen audiencias privadas en caso Castillo Butters. ¿Jueza quiere esconder algo?
- Jueza rechazó Amicus Curiae presentado por la CNDDHH y participación de veedores.
- Marcela Poirier denunció a Castillo Butters públicamente por hostigamiento sexual y violencia sexista contra estudiantes universitarias.
- Castillo Butters denunció a Marcela por difamación agravada, pide 200 mil soles por reparación y cárcel.
La jueza Gabriela Torrejón Comeco, del 17 Juzgado Unipersonal de Lima, rechazó de manera arbitraria un Amicus Curiae presentado y negó la participación de veedores en el proceso judicial que enfrenta Marcela Poirier, arqueóloga, por una denunciada presentada en su contra por el profesor titular de la PUCP, Castillo Butters, quien la acusa de cometer supuesta “difamación agravada” contra él.
“Estamos muy preocupadas porque la jueza quiere manejar el caso de manera reservada. Nos hace pensar que quiere esconder algo. Ella ha negado la participación de veedores, y ha rechazado un Amicus Curiae que presentamos. Recordemos que según la Ley las Audiencias deben ser públicas, y que lo único que es privado es la conciliación” señaló, Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la CNDDHH.
Poirier cuestionó públicamente, y a través de un proceso administrativo al docente titular de la PUCP, Castillo Butters, por cometer hostigamiento sexual contra exalumnas de arqueología y criticó que siga dictando clases pese a las evidencias en su contra. Siete estudiantes y varios docentes confirmaron los abusos y el Comité para la Prevención del Hostigamiento Sexual de la PUCP señaló la existencia de graves indicios, pero no sancionó al docente por prescripción de los hechos.
Al declarar el carácter reservado del proceso, la jueza Torrejón vulnera el artículo 462 del Código Procesal Penal, que señala “instalada la audiencia… Si no es posible la conciliación…continuará la audiencia en acto público, siguiendo en lo pertinente las reglas del juicio oral”. Es decir, únicamente la etapa de conciliación se debe realizar en sesión privada.
Además, el art. 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el principio de publicidad, al señalar que toda actuación judicial es pública salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, dado que la ciudadanía tiene el derecho de analizar y criticar las decisiones judiciales.
Cabe recalcar, que a nivel nacional es habitual la publicidad de los procesos por difamación, como lo sucedido en el reciente caso contra el periodista Christofer Acosta, donde la lectura de sentencia se dio en audiencia pública. También hay experiencias de presentación de Amicus Curiae en estos procesos, como lo ocurrido con el caso del periodista Daniel Yovera, denunciado por personaje cercanos al Sodalicio de la Vida Cristiana donde el Estudio Ugaz y la CNDDHH presentaron un Amicus Curiae, el mismo que fue aceptado por el juez a cargo.
El caso
En Mano Alzada cubrimos las graves denuncias de Marcela y otras estudiantes, que incluían intimidación y represalias; actitudes sexistas severas, comentarios y acoso sexual; y explotación sexual de estudiantes que trabajaban en San José de Moro, el sitio arqueológico que Castillo Butters coordinaba.
Debido a ello, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS) decidió separar de sus filas al arqueólogo peruano Luis Jaime Castillo Butters, quien obtuvo su membresía en 2019.