Por Inés Agresott*
El Perú es un país extremadamente violento con las mujeres. Las altas cifras de feminicidios y de abusos sexuales a víctimas de distintas edades y condiciones que se reportan de forma cotidiana en los medios, se reproduce de forma aún más cobarde y terrible contra las mujeres extranjeras residentes en Perú, exparejas de peruanos y madres de niños peruanos, en completa vulnerabilidad por encontrarse muchas veces solas en un país extraño, con niños que le pueden ser arrebatados, escondiéndose y huyendo de un agresor, que además, en ocasiones, puede llegar hasta violar a los menores.
Estos delitos se dan en todo el mundo, pero los Estados cuentan con mecanismos legales efectivos para proteger a las víctimas y castigar a los agresores. Lamentablemente no es el caso del Perú, donde el Estado y la sociedad, a pesar de rasgarse las vestiduras y armar su escenario de 15 minutos de indignación y dolor por cada mujer víctima de violencia, violación y muerte, no están realmente interesados en cambiar esta realidad.
Fue por esta razón que constituimos desde hace cinco años el colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas, para poder visibilizar a la opinión pública y las autoridades, la violencia y maltratos que muchas soportan solo por ser mujeres y madres, además de la indiferencia, cuando no atropellos, de las instituciones estatales que deberían brindarnos apoyo, y a nuestros hijos peruanos. Lo más terrible es que, para muchas, la única posibilidad de escapar de esta violencia vivida en Perú sería renunciar a sus hijas e hijos menores de edad, quedando atrapadas en el país a merced del agresor, su familia, amistades y todos los que sientan algún resentimiento especial contra los extranjeros.
Este año, 2019, dos compañeras de nuestra asociación, Natalia Bresó y Katerine Osorio, de Argentina y Colombia respectivamente, han sido el perfecto ejemplo de un sistema diseñado para abusar, invisibilizar y apañar la violencia de género y xenofobia contra las mujeres migrantes residentes en Perú y con niños peruanos.
Guardando las distancias y el nivel de violencia de estos agresores, todo se resume a una sola frase: MACHISMO.
Ambas extranjeras, tuvieron hijos con peruanos, Natalia, una niña nacida en Santa Fe (Argentina) y Katerine un niño nacido en Cajamarca. Ambas viviendo violencia, una principalmente psicológica y la otra física. Ambas presentaron reiteradas denuncias hacia sus exparejas, los mismos que encima, adeudaban pensión de alimentos.
Natalia, cuando la relación aún era civilizada, firmó una conciliación con el padre de su hija, Gerardo Cárdenas, donde este permitía a la niña salir del país con su madre. En ese momento sabían los dos que Natalia tenía la posibilidad de salir del país y darle a la niña una mejor educación fuera. Pero cuando Natalia termina de manera definitiva la relación, y el padre de ella enferma de cáncer, comienza el calvario. Él decide no cumplir con la conciliación, ni alimentos, ni el permiso para salir del país. Natalia, desesperada, sale del país con la niña. Es denunciada por sustracción internacional, proceso realizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que no se tomó el trabajo de comprobar si era un deudor de alimentos o tenía antecedentes de denuncias por violencia. La niña de 6 años fue restituida al Perú desde Bélgica y Natalia vino detrás de su hija. A pesar de contar con una nueva deuda de alimentos, todo el tiempo que estuvo haciendo el trámite de restitución la niña fue entregada a Cárdenas, quien decidió que Natalia no pudiera volverla a ver. E inmediatamente pidió alimentos, que por supuesto le fueron otorgados. Cada vez que Natalia trataba de ver a su hija fue denunciada a la Comisaría de Palomino en el Cercado de Lima por este señor, no solo a ella, sino a todos los que trataban de ayudarla.
Después de un plantón frente a la emisora RPP, sitio en que trabaja como periodista, Cárdenas permite que Natalia vea a la niña con la condición de estar presente él al frente, decidiendo qué pueden hablar y qué no, dentro de la casa de la familia de este. La última visita que fue realizada el 4 de febrero, donde Natalia no tuvo el comportamiento que él esperaba, trató de sacarla a la fuerza de la casa frente a la niña. El resultado es una denuncia a Cárdenas donde el médico legista certifica lesiones, y una nueva acción de garantía para Natalia, certificada por el 13° Juzgado de Familia. Igualmente impidieron su presencia en el colegio donde estudia la niña durante las actividades por el día de la madre. Todo ello, que incluía la imposibilidad de siquiera dejar ver a la niña por su abuelo paterno que, enfermo y todo, había venido desde Argentina a despedirse de Natalia y de su nieta, los llevó a realizar a fines de febrero una acción desesperada para estar con su hija, que fue aprovechada para una denuncia más y otra persecución penal.
Gerardo Cárdenas es considerado un buen amigo y hombre, incapaz de maltratar a una mujer. Es avalado por amigos y allegados feministas, periodistas, políticos, ONG de Derechos Humanos, MIMP y Poder Judicial, presentando a Natalia como una mentirosa a la que no hay que creerle ninguna denuncia, que merece la prisión, ser perseguida y juzgada por quienes consideran que la hija de ambos no necesita crecer o tener ningún contacto con su mamá. La justificación de que Natalia merece hasta ser agredida físicamente sería que ella se ha buscado todo lo que le pasa por ser extranjera y no someterse a su marido peruano. Ahora Natalia se encuentra con una sentencia de ocho meses de prisión suspendida por supuestamente haberse llevado a su hija, cuando legalmente la restitución debía anular todo juicio en su contra.
Katerine Osorio tiene un hijo de siete años con Joe Lavado, y vivían juntos en Cajamarca. Al poco tiempo de la relación comienza la espiral de violencia, él tiene denuncias de sus exparejas. Katerine huye a Lima con su hijo porque en Cajamarca su pareja tiene grandes influencias y amistades con personas poderosas. En Lima, Lavado los encuentra y se lleva al niño con apenas 3 años. Luego es sentenciado por abusos físicos contra Katerine, traducida en lesiones graves, contusiones y fracturas certificadas por médico legista, que sin embargo, ameritaron una sentencia irrisoria, donde además le dicen a Katerine que si quiere ver a su hijo vaya a la casa del agresor a visitar al niño. Rescatar a su hijo y sacarlo de ese ambiente de violencia donde el sujeto maltrata a otro niño de su anterior relación es su único objetivo, pese a encontrarse amenazada de muerte. Entre Cajamarca y Lima, finalmente Katerine logra conseguir la tenencia de su hijo de 6 años. Hasta hoy, Lavado no pasa alimentos y exige saber dónde está su hijo para visitarlo. La familia, amistades, periodistas y autoridades de la región apoyan a este buen hombre, cajamarquino y peruano de nacimiento, como alega en sus videos, contra una extranjera colombiana a quien acusa de prostituta y que habría secuestrado al niño. Actualmente Katerine se encuentra con orden de captura por no dejar ver al niño a su responsable padre.
Ambos hombres, guardando la distancia de violencia que ejercen, son presentados como buenos peruanos, buenos padres y víctimas de extranjeras. Ambos movilizan todo el poder de estar en su tierra y a su alcance para perseguirlas. No importan las sentencias en contra que ambos tienen, ni los exámenes médico-legales.
¿Cuándo una mujer extranjera que denuncia violencia debe ser apoyada? ¿Por qué el Estado peruano sigue negando la violencia a la que somos sometidas a vista y paciencia de todos las mujeres extranjeras residentes en Perú? La única razón para que una mujer sola en otro país, víctima de violencia por su pareja, permanece en el sitio donde se encuentra amenazada es por estar al lado de sus hijos. Si las leyes estuvieran pensadas en función al más necesitado y vulnerable, sería a favor de los niños y sus madres, como corresponde, pero no para perpetuar, como hasta ahora, el machismo xenófobo con aires de falso chauvinismo.
Exigimos residencia y nacionalización por nuestros hijos y por violencia familiar, además de la posibilidad de salir del país con nuestros hijos menores de edad en caso de violencia.
*Presidenta del colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas
