Una niña de trece años acaba de morir por ser obligada a parir en la ciudad de Ica, pero pese a ello siguen denominando bendición a lo que es una violación, y no solo la sexual que generó ese embarazo forzoso, sino la estructural de este sistema machista que permite que las niñas sean madres.

El solo mencionar la palabra aborto para quienes se bañan en aparente “moralidad” ya es causal de alerta y emisión de conductas y comentarios prejuiciosos y agresivos respaldados en su principal argumento que es la supuesta preocupación por las dos vidas, la de la madre y la del cigoto. Aunque nos quede claro que les vale una nada la integralidad de la gestante.

Para quienes abrazan con vehemencia sus ideas fundamentalistas, el aborto es motivo de escándalo social y justificación para sancionar, como siempre lo hacen, a las mujeres y tratarlas como cualquier cosa, pero no como personas sujetas de derecho. Sin embargo, es bien importante mencionar que estas personas no están en contra del aborto, están en contra de los embarazos que no se dan en las condiciones socialmente “correctas” y además en contra de toda aquella política pública que permita el empoderamiento de la mujer y el ejercicio efectivo de su derecho a la libertad.

Me atrevo a afirmar que son precisamente estas personas las promotoras del aborto como mecanismo idóneo de tapar “el pecado” que se evidencia con la posible llegada de un ser humano en condiciones ajenas a las de un matrimonio bendecido por la Iglesia, y por ello recurren a esta práctica para así también tapar “sus pecados” y decir “acá no pasó nada”.

No obstante, tenemos otro escenario adicional en donde muchas mujeres entienden que el ejercicio integral del derecho de libertad es esencial para decidir respecto a la maternidad, y por ello saben que el aborto se puede dar por diversas razones, pero comprenden fundamentalmente que existe una valoración a la decisión autónoma de la mujer y que jamás se tratará de una imposición, como sí lo es con criminalización del aborto y la obligatoriedad de la maternidad, aunque esta sea consecuencia de un acto tan indigno como una violación sexual o la gestante sea una niña.

El aborto terapéutico

A continuación, como propósito de este texto, quiero poner en evidencia, como se viene haciendo desde hace mucho, que el discurso de “salvemos las dos vidas” como argumento principal de rechazo a la legalización del aborto es una vil mentira, es totalmente falso y por ello es necesario denunciar, una vez más, que la negativa al pedido social de legislar sobre el tema se sustenta únicamente en la cucufatería y el machismo enquistado en estas personas fundamentalistas, que tienen otros fines en sus ansias de detentar el poder, pero que no incluyen absolutamente un real interés en la valoración de las dos vidas.

Desde el año 1924 en el Perú el aborto terapéutico es totalmente legal, el Código Penal no establece límites temporales para su ejecución y la negación del mismo configura indubitablemente una violación a los derechos fundamentales de la vida y la salud de las mujeres. Pero, también hay que mencionar que se debe tomar en cuenta las otras normas especiales sobre el tema.

Pero, ¿qué es el aborto terapéutico? Conforme al artículo 119 de nuestro Código Penal vigente es la interrupción del embarazo practicada por un médico/a, con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades; siendo que, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr configura uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por el Estado peruano, menciona en su artículo 12 que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

Por otro lado, la Ley General de Salud, si bien no regula en estricto el procedimiento administrativo para acceder a un aborto terapéutico, sí menciona los derechos que les son aplicables a las gestantes habilitadas a este como usuarias de los servicios de salud.

Pero es recién en el 2014, como consecuencia de la lucha feminista, que se emite la Resolución Ministerial N° 486-2017/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menos de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de los dispuesto en el artículo 119 del Código Penal”, la misma que establece como finalidad que se debe llevar a cabo en el marco de los derechos humanos, con enfoque de calidad, género e interculturalidad.

Entonces, les guste o no a los fundamentalistas, existe regulación aplicable respecto al aborto terapéutico que en el Perú es legal y se sustenta en el respeto de los derechos humanos de las mujeres, y seguramente al leer todo ello pareciese que todo es bonito y que las mujeres peruanas, cuya vida o salud se ve afectada, acceden a esta práctica médica; sin embargo ¿se viene aplicando? La respuesta es NO, rotundamente NO, pese a que las situaciones que habilitarían su ejecución ocurren y ello se puede mencionar de manera general con todos los embarazos en niñas.

Puntualmente, voy a comentar los embarazos forzosos en niñas y adolescentes que configuran una problemática tangible en nuestro país y que en definitiva deben ser dichos con el término forzosos siempre, porque necesitamos recordarles a los “moralistas” aquello que es evidente, que los embarazos que ellas cargan nunca son como consecuencia de sus voluntades, siempre serán obligados.

El aborto terapéutico negado a las niñas y adolescentes con embarazos forzosos

El tema de embarazo de niñas y adolescentes es uno de los problemas sociales que se agrava progresivamente en el Perú, puesto que cada día aproximadamente cinco niñas entre 9 y 13 años se convierten en madres, según el registro de atenciones del Seguro Integral de Salud (SIS) del 2017. Asimismo, durante el período del 2011 al 2017 se atendieron más de 14 mil 325 partos en este grupo poblacional que incluye, lamentablemente, a niñas de 10, 11 y 12 años de edad.

En los años 2016 y 2017, según lo dicho por el Ministerio de la Mujer, son 11 las regiones del país en las que se incrementaron los casos de embarazos en adolescentes, y hay casos críticos como los de Loreto que registra que 3 de cada 10 adolescentes tuvieron un/a hijo/a o están embarazadas. Y es que, en los últimos 20 años, el Perú no ha visto reducida la tasa de embarazos en niñas y adolescentes.

Hemos señalado la relevancia de mencionar de manera conjunta embarazos forzosos cuando nos referimos a niñas y adolescentes gestantes porque es necesario que quede en la mente de la población que nunca se tratarán de embarazos con consentimiento. Pero como a la población fundamentalista hay que reforzarle lo ya evidente, el hablar de embarazos forzosos no es un invento, puesto que la niñas no se ponen en un escaparate como señalada el ex Cardenal Juan Luis Cipriani, sino que son víctimas de violaciones sexuales, lo cual se respalda con las cifras alarmantes de las denuncias que llegan a los Centros de Emergencia Mujer, que por ejemplo en el 2017 registraron 3 mil 99 casos de denuncias de violencia sexual, es decir cada día 9 niñas y adolescentes son víctimas de violación sexual, sin contar con los miles de casos que se mantienen en silencio bajo el dolor de las almas de estas mujeres vulnerables.

Entonces, si tenemos una legislación que permite el aborto terapéutico en situaciones en donde se debe salvar la vida de la gestante y evitar en su salud un mal grave y permanente, ¿por qué es que existen estas cifras de niñas y adolescentes convertidas en madres, cuando en todos esos casos es evidente que la propia vida está en riesgo y que la salud está siendo afectada de manera grave y permanente? Bueno pues, es porque vivimos en una sociedad machista en donde las mujeres no son tratadas como seres humanos y las personas actúan más en base a creencias y dogmas que en atención a un deber de humanidad.

Si todas aquellas personas que forman parte de la estructura de las entidades del Estado que participan en la atención de salud se hubieran liberado de los sesgos cucufatos que nublan sus mentes y vician su labor objetiva, se hubiera aplicado el aborto terapéutico a estas gestantes, porque es evidente que ninguna de ellas, ninguna, podía convertirse en madre sin ver alterada de manera permanente su salud e incluso sin haber puesto en riesgo sus propias vidas. Pero no, las y los operadores de salud prefieren atender a sus mandatos bíblicos antes que cumplir con su labor de garantizar el derecho de la vida y la salud de las niñas y adolescentes peruanas.

Niñas y no madres

Las niñas no están ni estarán preparadas física ni psicológicamente para gestar y convertirse en madres, por lo que, cuando sus úteros son vulnerados con una fecundación obligada como consecuencia de una repugnante violación sexual debe prevalecer, sin excusa alguna, la vida y salud de ellas. Sin embargo, a las y los fundamentalistas eso no les importa y vemos como su discurso de “salvemos las dos vidas” es falso, porque ante una situación evidente en donde la vida de la niña está en inminente riesgo, insisten con negarse a la ejecución del aborto.

Jamás puede justificarse la llegada de un nuevo ser producto de una violación como si fuera una bendición, considerando, además, que existe una figura legal que protege a las niñas y adolescentes para no obligarlas a parir a un/a bebé que no pidieron tener. En ese sentido, más allá de la creencia personal que tenga cada persona que trabaja en el sistema de salud, la obligatoriedad de ser los agentes garantes del Estado en favor de las niñas nunca puede ser dejada de lado.

El que una niña de 13 años haya muerto en Ica como consecuencia de la negligencia del Estado, respaldado por la sociedad machista, duele profundamente y evidencia que los “pro vida” son pro muerte y pro violación de derechos humanos, porque la vida de las niñas les importa una nada.

Los embarazos en niñas siempre generarán el supuesto de hecho establecido en el Código Penal, que se comentaba anteriormente, por lo que nunca se debe permitir su continuidad. Gestar y parir en contra de la voluntad, y más siendo niña o adolescente, es una real tortura y de ello son responsables no solo los agresores sexuales que eyacularon sobre esos frágiles cuerpos, sino también aquellos y aquellas profesionales de la salud que permitieron la continuidad de esos embarazos y no fueron lo suficientemente humanos para aplicar la ya existente legislación que respalda el aborto terapéutico.

La muerte de esta niña, mientras daba a luz al producto de su violación, es culpa de funcionarios como el exministro de salud Luis Solari que ponen en primer plano sus creencias religiosas antes que su deber de garantizar derechos, recordemos como este señor emitió una resolución para promover el castigo y hasta el despido laboral de toda aquella persona aplique el aborto terapéutico, porque seguramente cree que así se ganará un sitio en el cielo.

Pero la muerta de esta niña y la afectación de derechos de las muchas otras que atraviesa experiencias similares, no es solo en aquellas personas con poder de dirección en el campo de la salud, lo es también de las y los demás profesionales que tienen en sus manos la posibilidad de devolverle la dignidad a toda niña gestante que acude a un centro de salud con una atención primaria de calidad.

El aborto terapéutico es legal y su aplicación debe ser de carácter obligatorio para las niñas y adolescentes víctimas de esta sociedad machista que las obliga a gestar y cargar con las consecuencias de las violaciones sexuales de las cuales ellas fueron víctimas. No aplicarlo emite una señal terrible por parte del Estado peruano, que las mujeres, ni aunque seamos más vulnerables en su condición de niñas y adolescentes, no importamos absolutamente nada.

No más niñas y adolescentes gestantes. ¡Aborto legal en el hospital ya!