Camila, una niña indígena de 13 años, fue violada por su padre desde que tenía 9, su caso llegó al Comité de Derechos del Niño de la ONU debido a que fue revictimizada por el Estado peruano. No solo se le negó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la gestante está en peligro (aborto terapéutico), sino que, tras sufrir un aborto espontáneo a las 13 semanas, pasó de víctima a investigada por el delito de autoaborto. Camila fue expuesta ante su comunidad y su tranquilidad fue perturbada por una enfermera del centro de salud que iba a su casa acompañada de la policía, es más, fue la enfermera quien la denunció.

Hace algunos días, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, redujo el aborto terapéutico a un tema de conciencia, dejando de lado la violación de derechos humanos que se perpetra a diario en nuestro país cuando se obliga a niñas y adolescentes a ser madres, a pesar de que su vida y su salud física y mental se encuentran en riesgo. La maternidad forzada es tortura y agudiza las consecuencias psicológicas, físicas y socioeconómicas de las violaciones sexuales en la vida de las niñas. El derecho a decidir de las mujeres y sobretodo de las niñas y adolescentes víctimas de violación no es un tema de conciencia, es un tema de justicia, de salud pública, de derechos humanos.

El Estado peruano ya ha sido sancionado antes y continúa vulnerando los derechos de las niñas y adolescentes de nuestro país. Los derechos sexuales y reproductivos representan garantías mínimas relacionadas con la libertad de las personas de decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia, protegen y aseguran el acceso a información y educación sexual integral y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, en el Perú, los derechos sexuales y reproductivos son dejados de lado, manejados de acuerdo a las agendas de grupos conservadores y nuestras instituciones no solo incumplen sus funciones de garantizar estos derechos, sino que los vulneran sistemáticamente como en el caso de Camila y otras dos niñas a las que se les negó información y acceso al aborto terapéutico a pesar de que es legal desde 1924 y se cuenta desde hace algunos años con un protocolo.

Pero el problema no se agota en esos casos, el Estado ha sido incapaz de sostener la distribución de los kits de emergencia para las niñas y adolescentes víctimas de violación durante la crisis sanitaria, no se han previsto mecanismos para asegurar el acceso a medidas de anticoncepción en zonas urbanas y rurales, sobre todo para mujeres en situación de vulnerabilidad, la educación sexual integral ha sido la gran ausente en las sesiones de “Aprendo en casa” y desde antes de la pandemia no se realizaba seguimiento y evaluación de las sesiones de Educación Sexual Integral en las escuelas públicas y privadas.

Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos por tratados internacionales de los que hace parte el Estado peruano y deben ser protegidos, promovidos y garantizados por nuestras instituciones. La obstaculización al acceso y disfrute a estos derechos representan una vulneración directa y colisionan con los proyectos de vida y dignidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país.  No podemos seguir tolerando que esto ocurra, es momento de exigir al Estado que proteja y garantice los derechos sexuales y reproductivos que son cruciales para el desarrollo integral de la persona, porque no son solo temas de alcoba o de conciencia, son derechos humanos y, para muchas niñas, son asuntos de vida o muerte.