Este lunes 11 de enero tenía que realizarse la audiencia por el caso Esterilizaciones Forzadas en donde están acusados el exdictador Alberto Fujimori y tres de sus ministros de Salud, entre otros, pero esta se vio suspendida debido a que no se contaba con traductores del quechua, sabiendo el Poder Judicial que la mayoría de las denunciantes son mujeres quechuahablantes, las principales afectadas de la política de salud genocida que implementó el fujimorismo.

Esta situación es una continuidad del racismo institucional que se mantiene en las instancias del Estado y en donde las más perjudicadas son las poblaciones indígenas y campesinas que no alcanzan justicia hasta el momento y que pueden estar esperando dos o tres décadas mientras sus casos se ventilan en el Poder Judicial sin avanzar y atravesando obstáculos que a estas alturas parecen sin sentido e incluso intencionales para mantenerlas sin reparación.

Asimismo, excusándose en problemas de salud, Fujimori no se hizo presente en la audiencia