Organizaciones de mujeres rechazan a ministra de la Mujer Katy Ugarte

Como un balde de agua fría cayó, sobre las organizaciones feministas y defensores de derechos humanos, la designación de la congresista por Perú Libre y representante de Cusco, Katy Ugarte, como nueva ministra de la Mujer, pues, aparte de no tener ningún trabajo anterior en defensa de los derechos de las mujeres y otras poblaciones vulnerables, se ha destacado únicamente por proferir comentarios desatinados sobre el enfoque de género; además de mezclar sus ideas religiosas con su trabajo parlamentario.

En ese sentido, diversas organizaciones feministas y personalidades preocupadas por lo que pasará con el Ministerio de la Mujer se han pronunciado al respecto, sobre todo ahora que un congresista de Perú Libre, también, ha lanzado un proyecto de ley para cambiar el nombre del ministerio por Ministerio de la Familia. De mal en peor.

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán señaló al respecto que la designación de la ministra de la Mujer atenta contra la igualdad:

“Expresamos nuestro rechazo por la designación de Katy Ugarte como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien ha demostrado públicamente tener un gran desconocimiento sobre el enfoque de igualdad de género reproduciendo afirmaciones que sostienen la discriminación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables es el ente rector en materia de políticas de género, por lo que este debe impulsar la transversalización de este enfoque en las políticas del Estado para prevenir y atender la violencia, así como toda forma de discriminación que afecte a las mujeres en su diversidad, niñas y población LGTBI.

Exhortamos a la ministra a no retroceder en lo avanzado y cumplir con los compromisos asumidos por el Estado peruano, promoviendo y garantizando el principio de igualdad de género y no discriminación“.

Católicas por el Derecho a Decidir también se pronunció con el mismo tenor de preocupación por lo que podría hacer una ministra fundamentalista con las políticas de igualdad:

“Expresamos nuestra preocupación por la designación de Katy Ugarte como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quien cuestiona el enfoque de género y revela, por declaraciones públicas brindada a diferentes medios de comunicación, discursos que avalan y replican estereotipos de género y la discriminación hacia la población LGTBI, parte de las poblaciones marginadas y protegidas por ley.

El MIMP es el ente rector en materia de políticas de género, por tanto, las organizaciones de mujeres exigimos que la titular del sector tenga una posición firme respecto a garantizar el fortalecimiento de la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) en todos los niveles de gobierno, aprobar los protocolos pendientes y desarrollar los necesarios para garantizar su implementación.

Resaltamos que el MIMP tiene como misión trabajar en favor de los derechos humanos de las mujeres, infancias y adultos mayores, reconociendo la vulnerabilidad de la población LGTBI, personas con discapacidad, migrantes y pueblos indígenas, condenando todo acto de discriminación, y luchando contra la violencia que se ejerce en perjuicio de estas personas y comunidades, en el marco de una cultura de paz.

Recordamos que en noviembre de 2021 el actual gobierno aprobó la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, la cual señala como acciones necesarias para la descentralización y fortalecimiento institucional, la transversalización del enfoque de género, intercultural, intergeneracional y la perspectiva de discapacidad en la gestión pública para garantizar los derechos de toda la población culturalmente.

Precisamos que, en el marco de un Estado democrático y laico, las autoridades y funcionarios tienen la obligación de asumir la responsabilidad de generar leyes y normas para una sociedad diversa y plural, y garantizar que las creencias religiosas no influyan en las decisiones de la función pública o limiten el ejercicio de derechos.

Las políticas de igualdad de género y contra la discriminación son un compromiso que el Estado peruano debe garantizar”.