Nuevo gobernador, viejo problema

Ucayali con gobernador electo, en Ayacucho y Madre de Dios candidatos a gobiernos regionales preocupan por estar relacionados con problemas ambientales; 15 regiones irán a segunda vuelta el próximo 9 de diciembre.

No superaron el 30% de votos válidos y tendrán que convencer a los electores de que ellos —no hay candidatas— son la mejor opción para estar como gobernador regional. Recordemos que ni el Apra ni Fuerza Popular tendrán a uno de sus representantes dirigiendo alguna región; de 25 regiones solo el partido de la estrella consiguió un segundo lugar con 16.4% de votos en La Libertad.

El pasado de los candidatos estará bajo las luces para la segunda vuelta y varios de estos tienen serios cuestionamientos; información incompleta en hojas de vida, investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios (a quienes ya fueron gobernadores), vinculaciones con organizaciones criminales, entre otros.

Ayacucho

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejará que compitan, por la región Ayacucho, a Carlos Rúa Carbajal (Musuq Ñan) y Richard Prado Ramos (Qatun Tárpuy). El primero estuvo relacionado a un proceso fiscal por el delito contra el ambiente y su experiencia política es haber sido alcalde de Huanta. Su contrincante, Prado, quien es investigado por corrupción, trabajó con el hasta ahora gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima.

Regiones amazónicas

Francisco Antonio Pezo Torres (Alianza Para el Progreso, APP), el gobernador electo en Ucayali, obtuvo 36% de votos válidos y de él se sabe las actividades y negocios relacionados a la extracción de madera. Según Mongabay.com, Pezo le debería dinero a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) desde el año 2005. Hablamos de 865 mil 710 soles que el tesoro público no vio. Además, con el Banco Agropecuario tiene una deuda que llega a 460 mil soles.

Se supo que el nuevo gobernador, que estará dirigiendo la región desde enero de 2019, también tiene antecedentes judiciales por apropiación ilícita, desobediencia y resistencia a la autoridad. Esto fue suficiente para sentenciarlo a dos años de cárcel suspendida.

Llama enormemente la atención que en su plan de gobierno se distinga —muy resumidamente— “controlar la tala ilegal con un programa de desarrollo alternativo, que brinde a la población oportunidades de negocios rentables y sostenibles”.  Pero luego es preciso al referirse sobre la gestión que realizará para la construcción de la carretera Purús-Puerto Maldonado, Purús-Sepahua, Sepahua-Atalaya y la carretera Pucallpa-Iquitos.

Es necesario señalar que la vía Purús-Puerto Maldonado, debido a los enormes impactos ambientales y sociales que generaría, fue rechazada por el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En Madre de Dios, donde la tala ilegal y la deforestación marcan rojo, la disputa por el gobierno regional es entre Juan Imura Cjuno (Fuerza Madre de Dios) y Luis Guillermo Hidalgo Okimura (Alianza Para el Progreso, APP).

Podemos encontrar más de Imura aquí, publicación que hicimos hace algunos días. Sobre Hidalgo podemos decir que no tiene antecedentes con actividades mineras y tampoco tiene denuncias relacionadas al tema. Su declaración muestra ingresos por encima de los 400 mil soles anuales.

Cabe señalar que, según el registro brindado por la ONPE, la suma de votos blancos y nulos en Madre de Dios alcanzó el 22%, unos 17 mil votos. Imura alcanzó 23% de votos válidos, mientras que Hidalgo obtuvo 21% de votos.

Para Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, “los gobernadores regionales tienen en sus manos la responsabilidad del desarrollo del país, por tanto, sus políticas ambientales deben asegurar y contribuir a la sostenibilidad ambiental y social”.

Los ciudadanos están nuevamente por elegir el mal menor en varias regiones. Con lo mostrado en estas líneas, lo que era difícil en la lucha por el ambiente se hace imposible en algunos casos.