• Los magistrados dieron un plazo de 30 días útiles para que el Congreso de la República se apersone al proceso y conteste la demanda.

Lima, 9 de abril del 2024. El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín contra la Ley N° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta norma incentivaría la deforestación, vulneraría la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en los procesos judiciales.

A través de una resolución que lleva la firma de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, la entidad corre traslado de la demanda al Congreso de la República, a quien le da un plazo de 30 días útiles para que se apersone al proceso y conteste la demanda.

Los tribunos admitieron a trámite la demanda luego de corroborar que cumple con los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución, el Nuevo Código Procesal Constitucional y en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, con lo cual se inicia el proceso para declarar la inconstitucionalidad de la denominada “Ley Antiforestal”.

En la demanda presentada por el Gobierno Regional de San Martín se sostiene que la aprobación de la Ley n.° 31973 incumple disposiciones constitucionales y tratados internacionales que tienen rango constitucional. Asimismo, argumenta que para aprobar dicha norma no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas; además, señala que vulnera los principios relacionados con el régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución.

Finalmente, sostiene que dicha norma amenaza el derecho de propiedad de las comunidades nativas y pretendería dar impunidad en materia penal a las personas que han deforestado los bosques y que tienen procesos penales en curso.

Cabe señalar que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco y diversas organizaciones especializadas en materia ambiental (entre ellas la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible) emitieron pronunciamientos para exigir la derogatoria de dicha norma que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República.