• Intervenciones se realizarán durante 18 días, del 30 de mayo al 22 de junio del presente año.

Como parte de las diligencias programadas en la investigación en curso para la ubicación, búsqueda e identificación de los restos de las víctimas desaparecidas del caso emblemático ‘La Cantuta’, el fiscal provincial Luis Enrique Valdivia Calderón, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, ha dispuesto el inicio del Plan de Intervención Forense en la fosa ubicada en Cieneguilla.

Los trabajos en la zona estarán a cargo de los fiscales especializados del caso y de los peritos expertos del Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, quienes tendrán la importante tarea de realizar la búsqueda de los posibles restos óseos de los agraviados en la denominada “Fosa 02 – Cieneguilla” ubicada en la Quebrada Chavilca (altura km 16.5 carretera Lima – Cieneguilla), lugar donde permanecerán por 18 días, del 30 de mayo al 22 de junio del presente año.

El inicio y ejecución del Plan de Intervención Forense en Cieneguilla para el caso La Cantuta ha sido posible gracias al apoyo y trabajo coordinado entre la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora del Subsistema Especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, el EFE, la Unidad de Biología Molecular y Genética de Ayacucho, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, sobre todo, los familiares de las víctimas, personas que desde el día de los hechos han venido exigiendo al Estado – como parte del ejercicio de sus derechos –  verdad, justicia y reparaciones dignas para ellos y los suyos.

Como se recuerda, el 18 de julio de 1992, efectivos militares que conformaban el destacamento Colina, ingresaron a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta”, procediendo a detener a nueve estudiantes y a un profesor de dicha casa de estudios, luego de lo cual trasladaron a los detenidos a un lugar de la carretera Ramiro Prialé, donde les dieron muerte. Días después, ante la noticia de la detención, acudieron a dicho lugar para desenterrar los cadáveres y trasladarlos a un paraje de la quebrada Chavilca en Cieneguilla, donde dejaron los cuerpos de las víctimas.

Los hechos fueron de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en noviembre del 2006 emitió sentencia en el Caso Cantuta, determinando la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos contenidos en la Convención Americana en agravio del  profesor  Hugo Muñoz Sánchez, y los nueve estudiantes  Dora Oyague  Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis  Enrique  Ortiz  Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana, todos de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”.  

Las diligencias tienen como finalidad no sólo cumplir con lo señalado por el Tribunal Supranacional en el caso La Cantuta, sino sobre todo, el poder dar respuestas concretas a los familiares que por casi 30 años están buscando conocer el último paradero de las víctimas, lograr la identificación de los mismos para que en base a ello, realizar el entierro digno que merecen.