• El 3° juzgado constitucional admite como litisconsortes activos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y al Instituto de Defensa Legal en el proceso de acción de amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.

Organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y gremios demandan al Congreso de la República suspender el proceso de elección del nuevo Defensor/a del Pueblo hasta que el Poder Judicial resuelva la acción de amparo presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, tal como ha ordenado el juez constitucional al conceder una medida cautelar.

Al respecto, señalaron que la medida cautelar concedida por el juez constitucional tiene por finalidad evitar el daño irreparable de una elección indebida. Además, esperan que el Poder Judicial declare fundada la demanda presentada y se realice un nuevo proceso de elección que garantice la mayor meritocracia, transparencia y participación ciudadana. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y anunciaron que, si el Congreso persiste con esta elección indebida, convocarán a jornadas y movilizaciones sociales de lucha. 

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), anunció que el 3er Juzgado Constitucional aceptó a la CNDDHH y al Instituto de Defensa Legal como litiscosortes activos en el proceso de acción de amparo promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.

A su vez, señaló que el Congreso continúa incurriendo en una serie de irregularidades. “Este proceso de selección carece de meritocracia y transparencia. Se ha invitado a 5 personas, no es una convocatoria abierta, hay 4 hombres y solo 1 mujer; el calendario es ajustado y no garantiza que la ciudadanía pueda ser escuchada como pasó con la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional”.

Por su parte, Carlos Rivera, Coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal, (IDL) expresó que “el Poder Judicial le ha dado la razón al sindicato y debe prevalecer la legalidad. Hay un proceso judicial en marcha y debe respetarse. El nuevo Defensor del Pueblo debe ser independiente de las fuerzas políticas que lo van a elegir y no ser un defensor delivery de quienes lo eligen”.  A su vez resaltó que es necesario un Defensor del Pueblo con legitimidad, sobre todo en un proceso de grave crisis política que atraviesa el país.

Lily Ku, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, señaló que “como trabajadores nos preocupa que se elija a un Defensor del Pueblo que no tenga la autonomía suficiente para defender los derechos de las personas y supervisar a la administración pública. Por eso, se debe suspender esta nueva comisión especial en el Congreso, y este debe cumplir con la medida cautelar del juez, hasta que se resuelva la acción de amparo presentada”.

A su vez, Gerónimo López, secretario general de la CGTP, remarcó que el Congreso está desacatando lo señalado por el Poder Judicial. “Exigimos un Defensor del Pueblo que fiscalice verdaderamente la violación a los derechos humanos. Por eso, respaldamos al Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, si el Congreso persiste con el desacato vamos a convocar a una jornada de lucha a nivel nacional”, señaló.

Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), declaró: “somos un gremio que estamos amenazados. Muchos dirigentes están siendo asesinados. El Defensor del Pueblo debe tener legitimidad y debe defender los derechos, por eso nos sumamos a la acción de amparo presentada. Su elección debe ser a través de un procedimiento que garantice el debido proceso. Sin embargo, este Congreso está incurriendo en abuso de poder. Por eso, los trabajadores vamos a salir a las calles para que se haga un buen proceso”.

Finalmente, Federico Tenorio, presidente de Propuesta Ciudadana, demandó que la elección debe ser transparente, con un concurso público, respetando el debido proceso, en plazos adecuados que permita la participación ciudadana, la presentación de tachas y del informe de la Contraloría para elegir a una persona idónea.