Caso Saweto: suspenden audiencia de apelación por renuncia de intérprete ashéninka

- Viudas del caso Saweto y líderes indígenas exhortan al Ministerio de Cultura garantizar presencia de intérprete ashéninka para continuar con la audiencia y obtener justicia.
Esta mañana, la tercera sesión de la audiencia de apelación del caso de los cuatro líderes indígenas asesinados de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto fue suspendida por la ausencia de un intérprete en lengua ashéninka, lo que impediría la adecuada participación de las viudas y familiares de las víctimas en el proceso judicial.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali señaló que, ante la renuncia del intérprete que acompañaba el caso, solicitó al Ministerio de Cultura la participación de un nuevo intérprete en la audiencia. Sin embargo, dicha entidad comunicó que el pedido demorará hasta 20 días en ser tramitado, lo que podría afectar la continuación de las sesiones de audiencia en un plazo razonable y el acceso a la justicia.
Cabe destacar que pese a los argumentos de la defensa legal de los sentenciados por una supuesta discriminación al cuestionar las “interrupciones” del intérprete en el interrogatorio del perito ofrecido por uno de los sentenciados en la segunda sesión de la audiencia de apelaciones, realizada el 22 de abril pasado, la Sala Penal de Apelaciones dispuso la reprogramación para garantizar los derechos de las agraviadas a contar con un intérprete en su lengua originaria.
Al respecto el abogado Felipe Tapia, defensa legal de Lita Rojas Pinedo, viuda de unos de los líderes asesinados señaló que lo manifestado por el abogado de Estrada Huayta es falso, ya que los interrogatorios en la sesión pasada se realizaron sin interrupciones, garantizando el derecho a la defensa, prueba de ello es que los abogados no cuestionaron la participación del intérprete durante la audiencia.
A pesar de tratarse de un caso emblemático que ha expuesto durante más de una década la desprotección de los defensores indígenas en el Perú, llama la atención la renuncia repentina del intérprete y la falta de celeridad del Ministerio de Cultura para dar respuesta al requerimiento de la Sala. Aún cuando contar con intérpretes en lenguas originarias es una exigencia fundamental para garantizar el acceso a la justicia con enfoque intercultural porque es un derecho reconocido en tratados internacionales y en la legislación nacional.
Ante esta situación, los magistrados de la Sala reprogramaron esta sesión de la audiencia de apelación para el próximo 15 de mayo a las 2:30 de la tarde.
Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y las organizaciones que acompañan el caso, se denuncia este hecho como una grave vulneración de derechos, que afecta directamente a las familias que llevan más de diez años esperando justicia por el asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo, ocurrido en 2014 en la frontera entre Perú y Brasil.
“Es inaceptable que después de tantos años de proceso, se sigan cometiendo estas negligencias. La participación de las familias en su lengua materna es un derecho reconocido. Seguiremos exigiendo que los derechos sean respetados”, señaló el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP, debido a que este nuevo retraso se suma a una larga historia de obstáculos que ha enfrentado el caso Saweto.
Por su parte, el apu Jamer López, presidente de ORAU manifestó que desde las organizaciones indígenas se mantendrán firmes y vigilantes al desarrollo de la audiencia para que se respeten los derechos de las agraviadas.
En esta etapa de apelación, se revisa la sentencia que condenó a 28 años de prisión a dos de los responsables del crimen, pero que absolvió a otros implicados y no resolvió del todo la demanda de justicia de la comunidad. Y, como se recuerda, para esta sesión se tenía prevista la declaración del perito oficial de la Fiscalía sobre la prueba de peritaje de los acusados, así como la manifestación de estos últimos.
AIDESEP exige al Poder Judicial que garantice condiciones mínimas de debido proceso, incluyendo la presencia de intérpretes indígenas acreditados, sin seguir revictimizando a las familias.