• Celia Ramos falleció en 1997 como consecuencia de ser sometida a una esterilización forzada como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del régimen de Alberto Fujimori.
  • La audiencia ante la Corte IDH será en Guatemala, el jueves 22 de mayo, a las 10 a.m. (Perú) – 9 a.m. (Centroamérica). La transmisión se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Corte.

Por primera vez en la historia, un caso de esterilización forzada en Perú llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Se trata del caso de Celia Ramos, quien fue sometida a una esterilización forzada como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política estatal discriminatoria implementada durante el régimen de Alberto Fujimori, en un contexto de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

Durante la intervención quirúrgica, Celia sufrió un paro respiratorio. Ni el personal de salud ni el centro médico contaban con los recursos ni la capacidad para atenderla. Celia falleció 19 días después.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública que se celebrará en Ciudad de Guatemala durante el 172° Periodo de Sesiones Ordinarias. En la audiencia participarán la familia de Celia Ramos y su defensa legal conformada por la organización feminista Demus -Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer-, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos, quienes han llevado el caso ante el máximo tribunal de derechos humanos de la región, buscando justicia para Celia y miles de víctimas.

¿Quién es Celia Ramos?

En 1997, Celia Ramos de 34 años y oriunda de Piura, acudió a un puesto de salud buscando atención médica. Desde ese momento, fue objeto de presiones y desinformación por parte de personal de salud, que incluso la visitó varias veces en su casa dándole información incompleta e imprecisa para forzarla a someterse a un procedimiento de ligadura de trompas, vulnerando su derecho al consentimiento libre, informado y previo. Celia murió 19 días después como consecuencia de esa ligadura de trompas. Fue una de las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas, ocurridas en un contexto de conflicto armado interno en el Perú.

El caso de Celia Ramos fue presentado por Demus ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, y en 2021 en el Informe de Fondo se declaró la responsabilidad del Estado peruano por la violación de sus derechos y se le recomendó adoptar medidas de reparación y no repetición. Sin embargo, al no presentarse avances en el cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión envió el caso a la Corte IDH en junio de 2023. CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos se sumaron a la representación del caso ese mismo año.

Demus, CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos, como organizaciones colitigantes, aseguraron que el objetivo de esta audiencia y del litigio es que la Corte establezca la responsabilidad del Estado peruano por estos hechos, considerados un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Agregaron que esperan que la sentencia de la Corte permita hacer justicia y garantizar reparación para miles de víctimas y sus familias, así como para las sobrevivientes que aún sufren las devastadoras consecuencias de estos procedimientos.

El pasado viernes 2 de mayo, la Corte IDH hizo público un pronunciamiento en el que le ordena al Estado peruano garantizar que las representantes de la organización peruana DEMUS puedan ejercer libremente la representación legal de Celia Ramos ante su tribunal, sin estar expuestas a ningún tipo de represalia. Esto, debido a la aplicación de la recientemente promulgada “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, llamada desde la defensa de los derechos humanos como “Ley Anti Justicia”, que obstruye la defensa legal para juicios en los que el Estado está involucrado o acusado.