Pedro Chávarry, anunció que procederá con las investigaciones en contra del presidente Vizcarra, luego que este le pidiera que de un paso al costado, por el bien de su institución, hasta que se resuelvan los cuestionamientos en su contra.

Martín Vizcarra, el día martes, brindó declaraciones sobre la idoneidad del Fiscal de la Nación para ocupar ese cargo, después de revelarse con los CNM Audios, los vínculos de varios magistrados con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Audios en los que Chávarry ha participado y es mencionado, por lo que es involucrado actualmente y cuestionado. Pese a la importancia del cargo que ostenta, Chávarry no ha tenido el criterio para retirarse mientras se resuelve su situación y no ha tenido mejor respuesta que declararle la guerra a Vizcarra.

En una entrevista para Perú21, el presidente contestó a este amedrentamiento:

“Un fiscal de la Nación que usa el cargo que ostenta para amenazar, no solo al presidente, sino a un ciudadano ¿es merecedor del cargo? Si tiene algo que hacer, que proceda. ¿Pero que amenace? Yo no voy a permitir amenazas de él ni de nadie. No le permito al fiscal de la Nación que amenace porque está aprovechándose del cargo y con esa actitud está demostrando que no es una persona idónea para el puesto”.

Las reacciones a este enfrentamiento no se han hecho esperar. El periodista Ávarez Rodrich opinó: “La persona que lidera el Ministerio Público, que es un cargo importante, es la persona más importante del país. Para perseguir un delito él puede pararlo, iniciarlo o dirigirlo (…) Cada decisión la toma por interés político o personal. Es inaceptable. Es una amenaza al presidente porque si alguien lo toca personalmente puede criticarlo (…) Ese fiscal está desligitimizado para ocupar un cargo tan importante en el país”.

Mientras tanto, el procurador Anticorrupción, Amado Enco, informó que presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y los magistrados supremos: Tomás Galvez Villegas, Víctor Raúl Rodríguez Monteza por presuntamente formar parte de la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’. A partir de los informes de Rocío Sánchez y Sandra Castro.

Asimismo, señaló que el Congreso de la República no necesita probar los presuntos delitos que se les imputan a los acusados en torno al caso los audios de la vergüenza, para aplicar una denuncia constitucional, sino “elementos suficientes que generen sospecha del delito”.