Ha sido una semana crucial para las organizaciones indígenas de Perú y Brasil que integran la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya, que abarca 28 territorios y trece pueblos originarios, quienes se reunieron con actores claves de diversos ministerios, como: Relaciones Exteriores, Justicia, Agricultura, Ambiente, entre otros, para abordar temas cruciales como los proyectos de infraestructura, tanto legales como ilegales, como carreteras, caminos forestales y pistas de aterrizaje, y el preocupante avance de las economías ilegales, incluido el crimen organizado, y la urgente necesidad de protección para los defensores indígenas.

La Comisión utiliza conocimientos ancestrales para elaborar diagnósticos y monitoreos, conscientes de la importancia de actuar para evitar situaciones como en el VRAEM y Saweto. Jamer López, presidente de ORAU, resalta la importancia del agua y el territorio para su subsistencia. Su objetivo es que los Estados reconozcan su existencia y promuevan políticas públicas que fortalezcan sus culturas. López añade que son las entidades estatales las que vienen avalando la construcción de la carretera, por ejemplo, el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) es el principal impulsor, mientras el OSINFOR no supervisa adecuadamente las concesiones forestales, y el SERFOR aprueba normativas que benefician a los concesionarios ignorando áreas de conservación. “Se necesita des-concesionar y revisar normativas para recuperar el territorio, ya que las concesiones se otorgaron sin consulta previa”, dice.

«Nuestro bosque no está en venta», afirma Arlindo Ruiz, líder de la comunidad nativa Dulce Gloria (Yurúa-Atalaya), y pide atención urgente para las fronteras que están totalmente abandonadas, donde la presencia del Estado es inexistente.

La Comisión Transfronteriza expresa su preocupación por la construcción ilegal de la carretera UC-105, impulsada por economías ilícitas. Un informe de la Universidad de Richmond indica que ha causado la deforestación de más de 4,000 hectáreas entre 2016 y 2023. Líderes indígenas advierten que estos proyectos, realizados sin consulta previa, vulneran derechos colectivos y comprometen acuerdos internacionales del Estado peruano.

María Elena Paredes, lideresa ashéninka de la Comunidad Nativa Sawawo Hito 40, destacó la octava reunión de la Comisión Transfronteriza en Brasilia, donde se reunieron con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Pública, y de Pueblos Indígenas. Así, la Comisión ha concluido sus reuniones de incidencia con funcionarios públicos de Perú y Brasil, donde llevaron sus propuestas y evidenciaron las actividades criminales en la frontera que ponen en riesgo sus vidas.

Fernando Aroni, presidente de Aconadiysh, ha denunciado que varias zonas sagradas se encuentran amenazadas por concesiones, exigiendo la restitución de sus territorios ancestrales. Durante sus declaraciones, Aroni destacó que han comunicado estas problemáticas a diversos organismos estatales, enfatizando que los pueblos indígenas están siendo víctimas de violencia y vulneración de sus derechos. En este sentido, instó al Estado a tomar medidas urgentes y subrayó la necesidad de colaborar en la elaboración de propuestas conjuntas.