Este jueves 18 de agosto, un aproximado de 100 comuneros realizarán un plantón pacífico frente a la Corte Superior de Piura exigiendo no ser desalojados de sus tierras por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, ya que el día viernes 19 de agosto se notificaría la sentencia de apelación en la que piden la nulidad de la sentencia de primera instancia y se reconozca los derechos de los comuneros a continuar en las tierras ocupadas por ellos.

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Como se sabe, en primera instancia, la jueza Iris Soledad Suárez Lozada del Juzgado Transitorio de Catacaos declaró fundada la demanda interpuesta por la Asociación Civil San Juan Bautista.

La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y defensora de los comuneros, Paola Quispe, señaló que las propiedades de las comunidades campesinas son intangibles, inalienables y por lo tanto no pueden ser transferidas a terceras personas que no pertenecen a la comunidad. “Las transferencias en cuestión se han ido dando a espaldas de los comuneros, es más esas empresas han figurado en registros públicos, pero nunca tomaron posesión de los terrenos, son casi 2 mil hectáreas. Es casi imposible que los terrenos hayan sido poseídos por estas empresas, y es recién en el 2011 que con la sociedad conyugal quisieron tomar posesión y dejó como resultado muerto un comunero”.

Además, advierte que, si la judicatura va a ratificar la sentencia en la que se disponga el desalojo, es posible que se suscite un problema social porque los comuneros no van a salir de su lugar y cambiar de vida drásticamente. Se tiene que respetar el derecho consuetudinario y la propiedad comunal.

Por su parte la comunera Flora Silva, negó ser usurpadora y exigió el respeto a sus derechos. También dijo que ‘’todos estos años las empresas nos han hostigado con el fin de que nos retiremos y no lo haremos porque nosotros nos hemos criado en estas tierras; de darse el desalojo a dónde vamos a ir con nuestro ganado, las abejas y familia’’.

Agregó que este plantón es también en señal de protesta por cómo se ha sobrellevado el caso que tiene a comuneros investigados por muchos años y temen ser despojados y desalojados por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

Cabe recordar que en el año 2014 la Asociación Civil San Juan Bautista -hoy Agrícola San José- empresa vinculada al Sodalicio, presentó una demanda de desalojo en contra de los comuneros, por ocupación precaria de un terreno de aproximadamente 2,000 hectáreas.

‘’En caso la Sala falle a favor de la empresa, el desalojo no solamente irá en contra de esos 10 comuneros de la Asociación Cruz Blanca, sino que, irá en contra de la totalidad de aquellas familias que viven dentro de esa zona que reclama la empresa. Es decir, la totalidad de la Asociación Cruz Blanca que se encuentra posesionada de forma ancestral en esos terrenos sería desalojada junto con todas sus pertenencias.’’ expresó Alejandro Martens, abogado del CIPCA.

Añadió que no se trata de un caso común de desalojo entre privados, sino que, se trata de un caso de desalojo en contra de miembros de una comunidad campesina en donde la posesión es lo que prima más allá del derecho de propiedad que se pueda encontrar inscrito en forma correcta o irregular en Registros Públicos, esto en base al Convenio número 169 de la OIT y los derechos que tienen las comunidades campesinas de acuerdo al derecho internacional.

DATOS

  • El 8 de diciembre se cumplen 11 años de la muerte del comunero Guadalupe Zapata Sosa, quien fue asesinado defendiendo sus tierras de las empresas que comenzaban a cercar. Son ya 11 años de conflicto en el que los comuneros fueron denunciados ante la POLICÍA, investigados por la FISCALÍA y procesados en JUICIOS.
  • 2 comuneros de Catacaos han sido asesinados, 7 han resultado heridos y otros 39 han sido denunciados.
  • Son 10 los comuneros demandados para ser desalojados ellos y sus familias: Wilmer Maza Sandoval, Santos Maza Juárez, Percy Maza Sandoval, Casimiro Maza Juárez, Percy Vílchez Chiroque, Paula Sandoval Sullón, Gregorio Inga Sánchez, María Lidia Maza Flores, Reynaldo Palacios Anastasio, Santos Elías Mendoza(fallecido).


¡DEFENSORES Y DEFENSORAS!

18 de enero del 2021 el Ministerio de Justicia (MINJUS) aprobó una acción urgente de protección a 26 miembros de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, en Piura. Entre los que se encuentras varios acusados del caso. A todos ellos, el MINJUS les reconoce la categoría de defensores de derechos humanos.