Texto: Carmen Barrantes
A propósito de la intervención policial y militar en La Pampa, este tipo de intervenciones requieren también de una mirada de derechos humanos, enfocada en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Me hubiese tranquilizado ver en la conferencia de prensa a la ministra del MIMP, a la del MIDIS y a la del Medio Ambiente. Y hubiese sido alentador saber que el ingreso a la La Pampa es una ingreso del Estado con todo su fuerza en el desarrollo social y económico de la zona. Le haría mucho bien al país. La minería legal encierra el drama de miles de peruanos excluidos del boom peruano en materia de economía. Allí estaban nuestras jóvenes quechuas con tercero de secundaria y nuestros jóvenes, principalmente de Cusco, Puno y algunas regiones de la Amazonía intentando sortear la postergación y la falta de oportunidades en su zona de origen. Aún no se conoce los detalles de la intervención en otros campos, pero se sabe que un equipo multisectorial ha trabajado una propuesta desde hace medio año.
Mercurio 2019 es más que una interdicción. Es una intervención que implica una accionar multisectorial de 13 sectores en un periodo de dos años. Su presupuesto inicial no es muy alentador, doscientos millones se quedará corto. Recordemos que se trata de una región tomada por asalto por la violencia (cuatro veces la tasa de feminicidio del Perú y líder en homicidios, hurto y robo) y por los excluidos del Perú que no tiene infraestructura productiva.
Tomen nota, en Madre de Dios el problema es social y de criminalidad de todo tipo. No todos los que viven allí, son delincuentes, pero es cierto que la economía ilegal y el sicariato dominan la zona. Se estimaba entre 10,000 y 20000 personas directamente vinculada a la Pampa, se acabó la incertidumbre. Ahora sabremos la magnitud del problema social. No quiero dejar de compartir que en La Pampa he conocido a decenas de jóvenes que fueron a buscar a Madre de Dios las oportunidades laborales que no encontraban en su zona de origen.
Pero volviendo a la intervención (no solo interdicción), también hay que reconocer que es la primera vez que tantos sectores participan en una propuesta para Madre de Dios, incluyendo a la sociedad civil. No deja de ser importante llamar la atención sobre la importancia de monitorear el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que vivían dentro de los campamentos de la Pampa, que -insisto- son hijos de excluidos y desocupados en su zona de origen. Recuerdo clarísimo el caso de una señora de 60 años, cuyo esposo, obrero de la construcción se había quedado lisiado. O el de mi taxista, de familia cusqueña que fue a La Pampa un mes para probar y pagarse los estudios universitarios. O del dueño del hotel argentino en Chicle -al fondo de La Pampa- que cobraba diez soles la noche, cusqueño, trabajador y buen padre. Historias similares, muchas conmovedoras están detrás de quienes tienen negocios en la zona comercial al pie de la carretera. Por ello es importante no limitar el apoyo a las víctimas de trata y de trabajo forzoso. Un plan de relocalización con un fondo específico sería una alternativa a considerar.
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