A pesar de que la decisión del Perú de “desinvitar” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la VIII Cumbre de las Américas, fue hecha a conocer en conferencia de prensa junto al Grupo de Lima, este Grupo ha señalado que respeta “la decisión de Perú”. Esto no significa un respaldo, como señala continuamente la canciller Cayetana Aljovín, sino un dejar hacer dentro de la soberanía del país. Incluso Bolivia y Uruguay han mostrado su abierto desacuerdo en esta controversia.
En entrevista para La República, Aljovín sostuvo que no se le da el mismo trato a China, una conocida dictadura, porque el Perú tiene “magníficas relaciones… no solo comerciales sino culturales”, añadiendo que “nuestros lazos de amistad vienen desde hace mucho”. Lo que sorprende porque con Venezuela también tenemos lazos de amistad y cultura que nos unen desde hace siglos, no por nada somos países hispanohablantes y estamos en el mismo continente. Tal vez la canciller se olvida que un venezolano fue el artífice de la independencia de América de la tutela española y de la reorganización del Perú como República.
Al señalársele por qué el Gobierno no tiene la misma actitud con Cuba, Aljovín sostiene que es porque este no firmó la Declaración de Québec y que hay que respetar los tratados internacionales. En un Gobierno que no respeta ni las condenas nacionales y libera a un dictador, ¿podremos creer que la Cancillería está actuando con consecuencia? Incluso la Cancillería está pidiendo una aclaración a la Corte IDH sobre su decisión de archivar la acusación constitucional a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no es tan expedita para obedecer a la Corte IDH, pero sí a la Declaración de Québec? Simplemente porque una no le conviene a sus intereses geopolíticos y la otra sí, por eso algunas dictaduras pasan piola, y otras son condenadas al ostracismo.
El lema de este gobierno sería: “Creemos en la democracia, cuando nos conviene” o, parafraseando a la campaña de los conservadores: “Con mis intereses no te metas”.
