Si siquiera con la mitad del acoso a Castillo y a su entorno hubiesen actuado la prensa, el Congrezoo y la Fiscalía contra Fujimori y su familia (o contra Alan y sus «ratas»), nos hubiésemos ahorrado muchísimos muertos, innumerables violaciones de derechos humanos, billones de soles robados y la destrucción del tejido social.
El principal crimen de Castillo para sus verdugos es ser cholo; el segundo es no pactar con la ideología fascista de la derecha discriminatoria, bruta y achorada; y la tercera es no repartirse el país para sus intereses explotadores y malsanos, pues de lo que se la acusa al presidente no es ni el 1% de los delitos flagrantes cometidos por las organizaciones criminales que detentaban antes el poder en el gobierno (y toda la estructura estatal); incluso en las municipalidades y en los gobiernos regionales actualmente se incurren en delitos mucho más graves y no se ve este show organizado por las «instituciones».
Preferiría toda esta parafernalia por la captura de un feminicida o un asesino que por «investigados» gracias a testimonios de delincuentes que intentan salvar su pellejo o son digitados por terceros y que se hacen pasar por colaboradores.
Los más idiotas continúan exigiendo que «el pueblo salga a las calles», como si no nos diéramos cuenta de los abusos cometidos en los procesos judiciales, políticos y periodísticos contra Castillo y la desproporcionalidad de estos, pero sobre todo, de quienes vienen: la podredumbre del Perú. La ciudadanía es sabia e intuye de qué lado de la historia estar (como contra Merino), y estoy seguro que tomará el espacio público para reclamar el cierre del Congrezoo y para protestar contra la prensa infame y el Ministerio Público arbitrario.
Esta criminalización del gobierno impide que los problemas reales del país sean atendidos por el Ejecutivo, y peruanas y peruanos continúen muriendo por enfermedades, hambre y abandono, o simplemente padeciendo una vida indigna de ser vivida, en la costa —y principalmente— en la sierra y en la selva del país (también por la corrupción y la ineptitud en las municipalidades y en los gobiernos regionales).
Los delitos de los que se le acusa a Castillo —y a su entorno— deben ser investigados y de ser culpable caerle todo el peso de la ley, pero siempre respetando el debido proceso y el principio de proporcionalidad. Por lo demás, este es un gobierno precario de pocas capacidades y de muchos sonsos que se creen vivos, lo cual esperamos cambie, y para eso, necesitamos la participación ciudadana activa en la toma de decisiones públicas, no el odio y el racismo.
